Tres fallos del Superior en una semana: el mensaje que Gennuso no quiere escuchar

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro firmó tres resoluciones en apenas unos días que, leídas por separado, parecen tecnicismos jurídicos sin mayor vuelo. Leídas juntas, dicen otra cosa: la Corte rionegrina no ve un final de ciclo para el oficialismo y actúa en consecuencia.

El gobernador Alberto Weretilneck tiene motivos para el alivio. En una misma semana, el STJ dejó a Gustavo Gennuso atrapado en el laberinto judicial de la causa Techo Digno, le cerró a Aníbal Tortoriello la puerta para tener su propio bloque en la Legislatura y rechazó el último embate de los gremios contra el sistema de control de asistencia por reconocimiento facial en el Ministerio de Salud.

Un mensaje en tres movimientos

Los magistrados, según la lectura que se hace en los pasillos judiciales, perciben que no hay vientos de cambio a la vista. Las encuestas actualizadas, en su mayoría, anticipan continuidad del oficialismo. Con una oposición que consideran desdibujada, la conducción del Poder Judicial se mueve sin la cautela que impone un escenario de recambio.

Pero el tribunal también juega su propio partido. El fallo en la causa Techo Digno sirvió para enviar, una vez más, una señal a los fiscales y ratificar lo que los tribunales inferiores —de Juicio y de Impugnación— venían sosteniendo sobre una investigación que consideran defectuosa. Los jueces se aferran a la idea de que tienen herramientas jurídicas para salirse del corsé que les impone el Ministerio Público.

Así, determinaron que el ex intendente de Bariloche no incurrió en peculado, pero ordenaron investigar una posible malversación, un delito menor que los fiscales jefes habían desechado. La rencilla interna, que nació con el cambio del Código Procesal, quedó a la vista.

Gennuso, del otro lado del mostrador

El ex jefe comunal barilochense dejó Juntos Somos Río Negro y hoy integra las filas del conglomerado libertario. Con ese salto, en la megacausa todos los imputados son opositores, con la sola excepción de Gustavo San Román. Aníbal Tortoriello incluido.

Por eso el fallo funciona como advertencia para quienes siguen en carrera política. Los ex intendentes María Eugenia Martini (Bariloche) y Renzo Tamburrini (Sierra Grande), ambos peronistas, fueron absueltos y quieren continuar en actividad. Podrían correr la misma suerte que el ingeniero nuclear.

«El Superior Tribunal acata las órdenes de (Alberto) Weretilneck y (Facundo) López», denunció Gennuso. La referencia no es casual: apunta al Gobernador y también al presidente del bloque, que integra el Consejo de la Magistratura y acompañará al cipoleño en la fórmula del año próximo.

Para el barilochense, el fallo habilita una suerte de «proscripción» de los ex intendentes: podrán «zafar» de las penas duras del peculado, pero quedarán expuestos a la Ficha Limpia, que en Río Negro se activa con doble conforme. Si el Tribunal de Impugnación lo condena por malversación y el STJ lo ratifica, no podrá competir. Todo depende de los tiempos, porque las causas podrían caer en prescripción, aunque en la oposición notan celeridad en este expediente.

«Yo les avisé a mis amigos legisladores, no voten Ficha Limpia en este Gobierno porque lo van a usar para matar a los opositores», dijo, resignado. Sus abogados estudian una acción de inconstitucionalidad, ya que el fallo de segunda instancia no constituye condena firme.

Cambia Río Negro, sin bloque y con la mira en la Corte Suprema

Mientras Gennuso y los ex intendentes siguen envueltos en los vericuetos del Poder Judicial, los legisladores de Cambia Río Negro preparan una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para apelar el fallo que los deja sin posibilidad de tener su propia bancada.

Los parlamentarios tortorielistas habían presentado un mandamus y los jueces lo desecharon por no ser la vía idónea. «Es voluntad jurídica, va política», dijo, enojado, un dirigente del espacio que ve en la justicia una frontera infranqueable a favor del oficialismo.

La discusión de fondo excede el caso: ¿justicia y Poder Judicial son lo mismo? No. La justicia es el principio moral y ético de dar a cada uno lo que le corresponde; el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, encargado de administrar justicia, interpretar las leyes y aplicarlas a casos concretos. Y al ser un poder del Estado, su accionar es eminentemente político. Los jueces se defienden: alegan que cuando la política no puede resolver sus conflictos y tensiones, acude a ellos. Esa es la visión que sostienen para el caso del bloque de Cambia, que, entienden, debe resolverse en el ámbito del Poder Legislativo.

En el fallo incluso marcan la contradicción de ese ámbito, que primero emitió una resolución a favor de la apertura de los bloques (Cambia Río Negro y La Libertad Avanza) y después otra, asegurando que quedaban «suspendidos» hasta que hubiera acuerdo general en el recinto.

Las críticas de la oposición apuntan también al vicegobernador Pedro Pesatti, a quien acusan de no «avanzar» con las resoluciones y la decisión política que sí tuvieron sus antecesores, que habilitaron cuanto bloque se pidió. «Pedro tiene la llave», aseguran, y vaticinan que «si se anima le genera un quilombo bárbaro a Alberto». Con la proliferación de bancadas cambian las conformaciones de las comisiones y, especialmente, la oposición se sentaría en el Consejo de la Magistratura. En el Gobierno confían en que el vice, aunque pueda estar fuera de Juntos, prioriza la institucionalidad y no habrá alteraciones.

Esa situación funciona como reaseguro para el STJ: evalúan que ni Pesatti ni el resto de la oposición —libertarios y peronistas— tienen la fuerza y la convicción de cambio que expresó en su momento Carlos Soria, con un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial incluido. Sin esa tranquilidad, indican en los pasillos judiciales, los jueces no se habrían permitido tres fallos al hilo. No todos los integrantes del Superior están cómodos con la exposición política: para Sergio Ceci y Sergio Barotto los conflictos son innecesarios; Cecilia Criado no administra tiempos políticos; Liliana Piccinini y Ricardo Apcarián son los más políticos. Aun así, todos firmaron.

El tercer fallo: la cara y la geolocalización

El tercer expediente rechazó la apelación de una trabajadora del Ministerio de Salud que cuestionó la implementación obligatoria de un sistema de registro de asistencia mediante biometría facial y geolocalización. La decisión confirmó el rechazo del amparo, aunque el Superior aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del mecanismo.

Antes hubo otros amparos gremiales: UPCN y ASSPUR intentaron frenar el polémico sistema, pero fueron rechazados en instancias anteriores. La objeción no pasa por modernizar el control de asistencia, sino por hacerlo con datos biométricos faciales y geolocalización, lo que los críticos consideran una violación a la intimidad y un riesgo de robo de identidad digital.

La empresa que ganó la licitación es Airata, cuyo directivo, fundador y cara visible es Gabriel Pablo De Simone, un empresario cercano al asesor del gobierno de Javier Milei, Santiago Caputo. La firma mantiene sociedades con compañías que licitan estos sistemas en el Estado nacional y en las provincias, lo que les otorga un cúmulo de información de la población. Todas, además, están vinculadas a la AFI (ex SIDE).