Tres fallos que encienden la polémica en Jujuy: ¿beneficios para condenados y acusados?

Tres decisiones judiciales recientes en causas por femicidio y abusos sexuales desataron la indignación de las familias. Salidas transitorias para un femicida, prisión domiciliaria para un acusado de abuso y libertad para un policía imputado: la Justicia penal jujeña quedó en el ojo de la tormenta.

Las medidas, dictadas en San Pedro de Jujuy y en la capital provincial, generaron un fuerte rechazo del Ministerio Público de la Acusación, de las querellas y de los familiares de las víctimas, que denuncian una clara revictimización institucional.

Salidas para un femicida condenado

El primer caso que encendió la mecha fue el de Mauro Aparicio Maza, ex efectivo de la Policía Federal Argentina, condenado a cadena perpetua por el femicidio de Tania Palacios en 2019. El juez de Ejecución de la Pena, Emilio Cattan, le otorgó salidas transitorias diarias de 9 a 12 horas, bajo custodia policial, para visitar a sus familiares.

La madre de la víctima expresó su profundo dolor al conocer la noticia de manera imprevista y cuestionó que el Estado destine recursos móviles y personal para el traslado del condenado, mientras su familia continúa sufriendo secuelas psicológicas sin recibir ningún tipo de notificación previa.

Domiciliaria a pesar del riesgo procesal

En el Centro Judicial de San Pedro, el juez de Juicio Juan Ángel Cabezas Hametti otorgó la prisión domiciliaria al principal imputado en una causa por abuso sexual sistemático contra una adolescente de 14 años. La resolución se dictó días después de la declaración de la menor en Cámara Gesell, donde reveló que su propia madre la amenazaba para encubrir al agresor.

La Fiscalía imputó a la madre por encubrimiento y la Oficina de Protección de Derechos retiró la custodia de las menores, pero el magistrado igualmente dispuso la domiciliaria para el imputado de 31 años. El fiscal Juan Baiud se opuso firmemente, advirtiendo sobre el inminente riesgo de entorpecimiento probatorio y recordando que el sujeto ya había violado una exclusión de hogar previa. Además, la defensa no logró acreditar fehacientemente el vínculo con el inmueble fijado para el arresto, ni se cumplían las condiciones objetivas de edad o salud que exige el Código Procesal Penal.

Libertad para un policía federal imputado por abuso

El tercer capítulo de esta seguidilla de resoluciones cuestionadas llegó con la decisión del juez Roberto Darío Assef, quien dispuso la libertad de un efectivo de la Policía Federal imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y acceso carnal contra una menor de edad.

El magistrado rechazó el pedido de prórroga de la prisión preventiva solicitado por el fiscal Alejandro Maldonado, quien requería 20 días para peritar el teléfono del acusado, y ordenó que la pericia se realice con el imputado en libertad. Aunque se fijó residencia en Tilcara y una perimetral de 300 metros, la decisión provocó la desesperación de la madre de la víctima, una menor que atraviesa tratamiento psiquiátrico tras un intento de autolesión. La querella advirtió sobre el riesgo real de coacción a testigos dada la condición de uniformado del acusado.

Un sistema que desampara a la víctima

Más allá de las particularidades de cada expediente, las tres resoluciones exhiben un hilo conductor que reaviva el debate social sobre el garantismo judicial: la primacía de los beneficios procesales para el acusado por encima de las garantías de protección de las víctimas.

Las familias de Tania Palacios y de las menores involucradas coincidieron en señalar a los magistrados como responsables directos de su seguridad, tras el desgaste de haber atravesado instancias como la Cámara Gesell, la falta de notificación a las querellas y el temor constante a represalias o al entorpecimiento de las causas. Ante este escenario, tanto el MPA como las representaciones querellantes avanzan en recursos de apelación para revertir decisiones que consideran un grave retroceso en el acceso a la justicia.