El Gobierno prorrogó la concesión de Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre hasta abril de 2027, pero puso una condición que la empresa deberá aceptar para seguir operando. La decisión llega en plena disputa judicial con La Pampa por las regalías de Los Nihuiles.
El Gobierno nacional prorrogó la concesión de tres centrales hidroeléctricas mendocinas hasta el 30 de abril de 2027, en medio de un escenario de cambios en la administración energética de la provincia y del litigio que Mendoza mantiene con La Pampa por las regalías de Los Nihuiles.
La medida quedó formalizada este miércoles 11 de noviembre a través del Decreto 1349/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La norma habilita a las actuales concesionarias a seguir explotando las instalaciones hasta esa fecha o hasta que los nuevos adjudicatarios asuman el control, lo que suceda primero.
Las tres centrales del río Diamante
La disposición abarca a Hidroeléctrica Diamante S.A., firma cuyo contrato nacional data del 23 de septiembre de 1994. La empresa maneja tres plantas sobre el río Diamante, en San Rafael, que en conjunto suman 388 megavatios de potencia instalada.
El detalle por central: Los Reyunos aporta 224 MW, Agua del Toro 150 MW y El Tigre 14 MW.
Los requisitos para seguir operando
Para acceder a la extensión, la concesionaria deberá presentar una carta de adhesión dentro de los siete días corridos posteriores a la entrada en vigencia del decreto. Ese documento incluye condiciones específicas: la empresa tendrá que renunciar a iniciar reclamos contra el Estado nacional por hechos ocurridos durante el período adicional y desistir de las acciones judiciales en curso vinculadas con esa continuidad.
Si no acepta esas condiciones, deberá garantizar igualmente la generación eléctrica durante al menos 45 días hábiles. En ese lapso, Nación deberá adoptar las medidas necesarias para evitar interrupciones en el servicio.
Los Nihuiles, un caso aparte
El nuevo decreto deja afuera al sistema Los Nihuiles, sobre el río Atuel, porque ese complejo tiene un procedimiento de concesión distinto. En julio, a través del Decreto 667/2026, el Gobierno nacional y Mendoza convocaron en conjunto a una licitación para su explotación y para la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A.
Pero el futuro de ese sistema también está marcado por la disputa económica y judicial que enfrenta a Mendoza con La Pampa desde hace décadas.
El decreto que cambió el reparto de regalías
El 11 de septiembre, el Ejecutivo nacional dictó el Decreto 982/2026, que modificó el criterio de distribución de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles. Hasta ese momento, Mendoza y La Pampa recibían partes iguales de esos recursos por una disposición de 1973.
La nueva normativa dejó sin efecto aquel régimen y estableció que Mendoza debía percibir la totalidad de las regalías, por encontrarse las instalaciones de generación hidroeléctrica en su territorio.
La decisión fue celebrada por el Gobierno de Alfredo Cornejo, pero la respuesta pampeana no tardó: el gobernador Sergio Ziliotto encabezó una ofensiva judicial.
La cautelar que frenó el cambio
El 16 de septiembre, el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric dictó una medida cautelar interina que suspendió los artículos del decreto presidencial que modificaban el reparto de las regalías. La resolución mantuvo provisoriamente el esquema anterior, por el que ambas provincias participaban de esos ingresos, sin resolver la cuestión de fondo.
La Pampa sostiene que su derecho a recibir la mitad de las regalías no surge únicamente del decreto de 1973, sino también de un acuerdo interjurisdiccional firmado en 1992 entre ambas provincias y la Nación, posteriormente homologado por la Corte Suprema.
Mendoza, en cambio, considera que le corresponde la totalidad de esos recursos y que el reparto histórico perjudicó sus ingresos. La Provincia mantiene desde 2022 una demanda contra el Estado nacional ante la Corte Suprema para recuperar las sumas que considera indebidamente distribuidas durante más de cinco décadas.
Ese reclamo fue estimado por autoridades mendocinas en varios cientos de millones de dólares, con cifras difundidas que rondan entre los 600 y 700 millones de dólares, aunque el monto y la procedencia de una eventual compensación todavía dependen del resultado judicial.
La Corte Suprema y el expediente
En agosto de este año, el máximo tribunal resolvió incorporar a La Pampa al expediente iniciado por Mendoza y le otorgó un plazo de 60 días para pronunciarse sobre la demanda. También dejó para el tratamiento de la cuestión de fondo la discusión sobre la prescripción planteada por el Estado nacional.
Así, mientras el Gobierno nacional extiende la operación de las centrales del río Diamante y prepara nuevas adjudicaciones, el sistema Los Nihuiles mantiene abiertos dos frentes: la licitación para definir su futura explotación y la disputa judicial sobre quién tiene derecho a percibir las regalías generadas por sus centrales.
