Tres jóvenes muertos en menos de 12 horas: el fin de semana que volvió a teñir de luto las rutas santiagueñas

La seguidilla de siniestros viales fatales no da respiro en Santiago del Estero. Solo en la primera semana de noviembre se registraron cinco muertes en accidentes de tránsito, la mayoría de ellos jóvenes motociclistas. La cifra se suma a los 12 fallecidos de octubre y a los al menos 9 de septiembre, en un contexto que vuelve a poner bajo la lupa las políticas de prevención y control.

Un viernes a la noche que terminó en tragedia

El viernes 6 de noviembre, cerca de las 21.20, la nueva Costanera de La Banda fue escenario de un violento choque entre dos motocicletas, en las inmediaciones del barrio Parque Industrial. Producto del impacto, Agustín Sayago y Yoni Mánquez perdieron la vida. Un tercer joven, de 20 años, fue trasladado al Centro Integral de Salud Banda con heridas de diversa gravedad.

Horas más tarde, alrededor de las cuatro de la madrugada del sábado 7, la localidad de Icaño, en el departamento Avellaneda, sumó otra víctima fatal. Kiara Seifer, de apenas 18 años, murió tras colisionar la motocicleta en la que viajaba contra un camión en la Ruta Nacional 34. Otra joven, Melani Rodríguez, de 20 años, resultó herida en el mismo hecho.

Dos episodios separados por cientos de kilómetros, pero unidos por un mismo drama: tres vidas jóvenes truncadas en cuestión de horas.

Noviembre ya sumaba otras dos víctimas

Antes de ese fin de semana negro, noviembre había comenzado con dos muertes más. Claudio Roslaim Rojas, de 70 años, falleció tras un siniestro con su motocicleta en Villa Colorada, departamento Robles. En tanto, Sergio Rodrigo Cuellar, de 29 años, murió luego de chocar con una camioneta en la Ruta Provincial 92, cerca de Campo Gallo.

Octubre: una geografía marcada por el dolor

El mes de octubre dejó un saldo de 12 víctimas fatales distribuidas en distintos puntos de la provincia. En Quimilí, una mujer de 76 años perdió la vida en un choque sobre la Ruta Nacional 89. En Ojo de Agua, un ciclista de 64 años murió tras ser embestido en la Ruta Nacional 9. En Monte Quemado, un joven motociclista de 24 años falleció en un siniestro vial.

También se registraron víctimas en la Capital, La Banda, Bandera y Sumamao. En Bandera, Roberto Farías, de 58 años, murió al impactar su automóvil contra una columna. En Sol de Julio, departamento Ojo de Agua, Pablo Pineda falleció después de ser atropellado por una camioneta.

Los casos abarcan colisiones entre vehículos, derrapes, atropellamientos, impactos contra postes y hasta un choque con un animal suelto en la ruta. También se investigó la muerte de un motociclista sobre el que cayó un poste de alumbrado público. La variedad de circunstancias muestra que las causas no son únicas: la conducta de los conductores es central, pero también inciden las condiciones de infraestructura, señalización, iluminación y mantenimiento.

El antecedente oficial: 170 muertos en 2025

La dimensión del problema se aprecia mejor con los registros oficiales. Según el informe preliminar de siniestralidad fatal 2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Santiago del Estero registró 170 víctimas fatales, con una tasa de 16,1 fallecidos cada 100.000 habitantes. Ese número ubicó a la provincia entre las jurisdicciones con mayor mortalidad vial del país y casi duplicó el promedio nacional de 8,8 fallecidos cada 100.000 habitantes informado en ese relevamiento.

Para 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con publicaciones parciales y preliminares, pero no se pudo verificar una cifra provincial acumulada y consolidada hasta noviembre. Por eso, los 26 casos relevados entre septiembre y noviembre no deben presentarse como el total de fallecidos de todo el año.

¿Están funcionando los controles?

La sucesión de muertes vuelve inevitable preguntarse si las políticas de prevención son suficientes. ¿Con qué frecuencia se realizan controles de velocidad y alcoholemia en las rutas provinciales? ¿Hay operativos permanentes durante las noches y madrugadas de los fines de semana? ¿Se controla el uso del casco y del cinturón? ¿Qué acciones concretas se desarrollan en las escuelas?

No sería responsable atribuir todos los fallecimientos a una ausencia de controles, porque cada hecho tiene circunstancias que deben investigarse. Sin embargo, la reiteración de muertes exige una evaluación profunda de las estrategias de seguridad vial. Los operativos no pueden limitarse a acciones esporádicas o a labrar multas: deben tener una finalidad preventiva, sostenida y medible. También es necesario conocer cuántas infracciones se detectan, dónde se concentran los siniestros más graves y qué medidas se adoptan para corregir esos riesgos.

La motocicleta, en el centro de la preocupación

Para miles de santiagueños, la moto es la principal herramienta de movilidad para trabajar, estudiar y realizar actividades cotidianas, especialmente en las localidades del interior. Esa dependencia también implica una mayor exposición a los siniestros. Los informes nacionales muestran que los motociclistas representan una proporción muy elevada de las víctimas fatales en el norte argentino: en los datos preliminares de 2024, los ocupantes de motocicletas fueron el 61% de las víctimas en la región del NOA.

La protección de quienes circulan en moto debe ser prioridad: uso correcto del casco, formación de conductores, respeto de los límites de velocidad y control de maniobras peligrosas. Pero la responsabilidad no puede recaer solo sobre los motociclistas. Los conductores de autos, camionetas, camiones y colectivos tienen obligaciones concretas de cuidado, especialmente frente a los usuarios más vulnerables.

Educación vial: una materia pendiente

La seguridad vial no puede enseñarse solamente después de una tragedia. Es necesario que la educación sobre tránsito forme parte de la formación cotidiana de niños y adolescentes, tanto en escuelas urbanas como rurales. Los jóvenes deben comprender que conducir implica una responsabilidad individual y colectiva. El exceso de velocidad, las distracciones con el teléfono, el consumo de alcohol y la imprudencia pueden transformar una salida o un viaje al trabajo en una tragedia.

También corresponde revisar los mecanismos de otorgamiento de licencias, la capacitación de nuevos conductores y la continuidad de las campañas de concientización. Una charla aislada o una publicación en redes sociales difícilmente modifiquen conductas arraigadas. La educación vial necesita continuidad, participación familiar y compromiso institucional.

Responsabilidades compartidas

La magnitud del problema exige una respuesta coordinada entre municipios, Provincia y Nación, cada uno dentro de sus competencias. Las autoridades provinciales y municipales deben evaluar sus políticas de prevención, fiscalización, señalización y mantenimiento de la infraestructura bajo su jurisdicción. La Nación, por su parte, debe atender las obligaciones sobre las rutas nacionales y las políticas federales de seguridad vial.

Sería importante avanzar en un diagnóstico provincial que identifique los corredores más peligrosos, los horarios de mayor riesgo, los grupos etarios afectados y las causas comprobadas de los siniestros. La publicación periódica de estos datos permitiría evaluar si las medidas implementadas están logrando resultados. Sin estadísticas confiables, controles efectivos y políticas sostenidas, la prevención corre el riesgo de quedar en declaraciones de buenas intenciones.

No acostumbrarse a contar muertos

Cada vez que un joven pierde la vida en una ruta santiagueña, el dolor se multiplica. Detrás de cada nombre hay una historia, una familia, proyectos y sueños truncados. Pero también hay una responsabilidad social que no puede ignorarse: la seguridad vial comienza con las decisiones individuales, con el respeto a las normas y con la conciencia de que conducir implica cuidar la propia vida y la de los demás.

Esa responsabilidad ciudadana debe estar acompañada por un Estado presente, que eduque, controle, prevenga y garantice condiciones de circulación seguras. Santiago del Estero no puede naturalizar que las rutas y las calles se conviertan, semana tras semana, en escenarios de muerte. Las cinco víctimas de noviembre, los 12 fallecidos de octubre y los antecedentes de 2025 deberían ser suficientes para abrir un debate profundo, sin especulaciones políticas ni acusaciones infundadas, pero con la firmeza que exige una problemática de semejante gravedad.

No alcanza con lamentar cada tragedia, publicar mensajes de condolencias o reclamar prudencia después de un accidente. Hace falta actuar antes de que ocurra el próximo. Porque detrás de cada estadística hay una vida que no vuelve. Y porque la verdadera medida de una política de seguridad vial no debería ser la cantidad de multas aplicadas, sino la cantidad de vidas que consigue proteger.