Tres mañanas por semana y 1.000 hojas al año: el costo oculto de hacer una fiesta en Posadas

La actualización del Código de Nocturnidad de Posadas dejó de ser una discusión exclusivamente sobre horarios de cierre. Detrás de los boliches hay una maquinaria administrativa que, según quienes organizan eventos, se volvió imposible de sostener: carpetas que se repiten evento tras evento, trámites que consumen media semana laboral y costos que trepan a millones de pesos.

Valeria Cappagli, organizadora de eventos, puso números a esa carga en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones. Su testimonio expone una rutina que, asegura, comparten muchos colegas del rubro formal.

La misma documentación, una y otra vez

El primer punto del reclamo es la reiteración. Cappagli contó que debe presentar la misma documentación semana tras semana, incluso cuando los salones contratados ya cuentan con todas las habilitaciones vigentes.

“Presento alrededor de 900 a 1.000 hojas impresas por año, porque la Municipalidad nos hace presentar la misma documentación semana tras semana”, señaló. Si organiza cuatro eventos, debe armar cuatro carpetas casi idénticas aunque el contenido ya haya sido entregado antes.

A eso se suma el tiempo. Obtener las autorizaciones le demanda un mínimo de tres días, repartidos entre gestiones ante la Policía, pedidos de presupuesto, pagos bancarios y la recopilación de certificados de cada establecimiento. “De las cinco mañanas hábiles que tiene una semana, necesitás dedicar tres a estos trámites”, explicó.

La organizadora aclaró que no discute la existencia de requisitos de seguridad, sino la obligación de volver a presentar información que el municipio ya tiene. Incluso, según relató, los propios empleados que reciben las carpetas lo admiten: “Nosotros sabemos que ustedes tienen todo en regla”, le han dicho. Aun así, el procedimiento debe completarse de nuevo.

Para Cappagli, el municipio debería concentrar esfuerzos en verificar que todos los salones funcionen con las habilitaciones correspondientes, porque, sostuvo, hay establecimientos que no cumplen con la totalidad de las exigencias.

Una cadena de trabajo que mueve a cientos de personas

El reclamo administrativo se apoya en un contexto económico que la organizadora describió como muy difícil: la caída del consumo familiar y el encarecimiento de cada celebración. Para dimensionar el peso laboral del sector, mencionó una fiesta que organizó el sábado pasado, con 53 trabajadores directos y más de 120 indirectos.

La cadena incluye modistas, floristas, personal gastronómico, bartenders, proveedores de bebidas y alimentos, y trabajadores contratados para el desarrollo del evento. Por eso, afirmó que las dificultades no golpean solo a los dueños de salones, sino a toda una red de prestadores que vive de estas actividades.

“¿Qué pasa cuando los eventos empiezan a dejar de existir?”, preguntó. La situación se agrava porque las fiestas están entre los primeros gastos que las familias recortan cuando bajan sus ingresos.

A eso se suma el impacto de la pandemia, que el sector todavía no logró revertir. “Ya estamos muy golpeados. Nos golpearon terriblemente durante la pandemia y nos vuelven a golpear en este momento”, expresó.

Hay fechas del calendario que complican aún más la ecuación, como Año Nuevo, cuando contratar personal, servicios e insumos cuesta mucho más que en una celebración habitual. En esas noches, buena parte del público llega a los establecimientos entre las dos y las tres de la madrugada, por lo que las restricciones horarias achican el margen para recuperar la inversión.

La hora de cierre y el after que se escapa del circuito formal

El reclamo por extender el horario ya tiene antecedentes: referentes del sector pidieron llevar de las 5 a las 6 la venta de alcohol en locales nocturnos y habilitar los after. La Ordenanza II Nº 42 fija las 5 como límite para comercializar bebidas y las 6 como finalización de las actividades.

Para Cappagli, el problema no es una hora más de funcionamiento, sino un esquema regulatorio que no se adaptó a los cambios sociales y comerciales de las últimas dos décadas.

El punto más delicado, según su mirada, son las fiestas clandestinas. Las restricciones vigentes no impiden que la gente siga de fiesta, sino que la corren hacia espacios sin regulación municipal.

“Cuando la gente sabe que a las cinco termina la fiesta, a las cuatro comienza a organizarse para irse. ¿Y adónde se va? No se va a la casa. Se va a un after ilegal, a una fiesta clandestina”, describió.

El asunto toma otra dimensión cuando involucra a adolescentes. Por su trabajo en recepciones estudiantiles, Cappagli mantiene contacto con jóvenes de 16 y 17 años y sus familias, y conoce las alternativas que eligen para seguir la noche. “Muchos van a fiestas clandestinas donde no hay seguros, no hay seguridad, no hay presencia policial, no hay cobertura médica y no existe absolutamente ningún marco que les dé tranquilidad”, afirmó.

La empresaria aclaró que no busca incentivar las salidas de menores, sino reconocer una práctica que ya existe. “Los chicos deberían tener derecho a salir y divertirse en un lugar seguro”, sostuvo.

En ese marco, propuso legalizar los after con un régimen de habilitaciones que contemple seguridad, cobertura médica, obligaciones tributarias y controles. También pidió que se autorice el consumo de alcohol para mayores de 18 años en las recepciones estudiantiles, sin tocar la prohibición para menores.

Otro pedido apunta a los planes de contingencia: hoy deben presentarse y pagarse nuevos para cada evento especial, aunque el establecimiento ya tenga documentación de seguridad aprobada. Cappagli reclamó que un plan habilitado para un lugar pueda reutilizarse en distintos eventos cuando las condiciones de seguridad sean aplicables. Según dijo, la repetición de estos trámites implica desembolsos que en conjunto pueden llegar a millones de pesos, aunque no precisó los importes de cada autorización.

Reuniones con el Concejo y críticas a los controles

Los pedidos de actualización normativa fueron presentados en varias oportunidades ante funcionarios municipales. Cappagli confirmó reuniones con el concejal Jair Dib, quien, según relató, mostró interés en escuchar los planteos. De esos encuentros participaron también productores y otros trabajadores, porque el Código de Nocturnidad alcanza a distintos rubros y no solo a los boliches.

Sin embargo, el avance legislativo sigue pendiente: “Seguimos acá, esperando que el Concejo Deliberante quiera tratar este tema y, sobre todo, que le dé un voto favorable”.

El debate tiene antecedentes. En mayo pasado se informó sobre el ingreso de un proyecto de ordenanza para establecer un régimen integral de la actividad nocturna, con disposiciones sobre seguridad, fiscalización, convivencia urbana, protección de menores y actualización de sanciones. En aquel momento, el presidente de la Asociación Misionera de Productores de Eventos (AMPROE), Gastón Jilek, también había advertido a FM 89.3 que la normativa necesitaba modernizarse por los cambios en el entretenimiento y la actividad comercial de los últimos 20 años.

Cappagli, además, cuestionó el sistema de fiscalización municipal y denunció que “algunos colegas que participan del reclamo estarían recibiendo inspecciones y multas reiteradas”.

“La Municipalidad y los concejales eligieron prohibir en lugar de controlar”, disparó. Para ella, una regulación adecuada debería permitir el trabajo formal sin debilitar las medidas de seguridad para los asistentes.

El objetivo del reclamo, insistió, no es eliminar controles ni obligaciones, sino modernizarlos, reducir gestiones repetidas y generar condiciones de competencia similares para todos los prestadores.

“Yo quiero trabajar legal y correctamente, dentro del marco de la ley, pero que nos dejen trabajar”, sintetizó.