Tres médicos imputados en Viedma: la pregunta que todavía no tiene respuesta

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra tres médicos por homicidio culposo en una causa que investiga la muerte de una joven de 22 años ocurrida en diciembre de 2024 durante una internación en un centro privado de Viedma.

La imputación quedó formalizada tras la audiencia ante el juez de Garantías Guillermo González Sacco, quien además fijó un plazo de cuatro meses para que la investigación continúe. A pedido de la defensa, el magistrado dispuso que no se difundan los nombres ni las imágenes de los profesionales para no entorpecer medidas pendientes en el expediente.

Qué sostiene la Fiscalía

La fiscal Paula de Luque detalló el rol de cada imputado: uno se desempeñaba en la guardia a la que la joven ingresó en la mañana del 15 de diciembre de 2024, mientras que los otros dos cumplían funciones de coordinación en la Unidad de Terapia Intensiva. Según la acusación, los tres integraban el equipo que asistió a la paciente.

El eje de la imputación es la demora en la plasmaféresis, el tratamiento indicado ante la sospecha de Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT). La Fiscalía sostuvo que el 18 de diciembre se obtuvieron resultados compatibles con anemia hemolítica microangiopática (MAHA), estudios que confirmaban la sospecha diagnóstica y que convertían a la plasmaféresis en un procedimiento urgente.

La acusación citó evidencia científica incorporada a la causa según la cual ese procedimiento reduce la mortalidad de la enfermedad de más del 90% a menos del 20%. Para la Fiscalía, los tres profesionales conocían la sospecha, el tratamiento indicado y la posibilidad de realizarlo en la institución, pero no lo implementaron, lo que habría incrementado el riesgo derivado de la patología.

La joven murió el 19 de diciembre de 2024. El certificado de defunción consignó como causa la Púrpura Trombótica Trombocitopénica.

La prueba que sostiene la acusación

El Ministerio Público presentó la denuncia penal del padre de la joven y su ratificación, la historia clínica, estudios complementarios y una pericia elaborada por una junta médica del Cuerpo de Investigación Forense.

También se incorporaron las respuestas de profesionales del establecimiento privado, quienes informaron que la institución contaba con la posibilidad de realizar plasmaféresis, y las declaraciones de otros cinco médicos.

Para la Fiscalía, el informe de la junta médica dejó planteados interrogantes sobre por qué no se realizó el procedimiento y todavía resta obtener información. En la misma jornada se sumó una respuesta del centro de salud aportada por la defensa, que será analizada. Por eso De Luque pidió los cuatro meses de plazo, planteo al que adhirió la querella ejercida por Favio Igoldi.

Qué respondió la defensa

El abogado Damián Torres, representante de los tres médicos, se opuso a la formulación de cargos y cuestionó el hecho atribuido. Sostuvo que la acusación no alcanza los estándares necesarios para avanzar en esta instancia.

La defensa planteó que no está individualizada la conducta de cada imputado ni qué norma habría infringido cada profesional, y puso en duda la relación que traza la Fiscalía entre la supuesta demora del tratamiento, el incremento del riesgo y el resultado muerte.

Torres repasó las respuestas del centro asistencial y afirmó que la actuación de los profesionales no tuvo injerencia en el fallecimiento, que atribuyó a la propia enfermedad.

La causa sigue en etapa de investigación

González Sacco tuvo por formulados los cargos contra los tres médicos como autores, conforme a los artículos 45 y 84 del Código Penal. La resolución no implica una declaración de responsabilidad penal: habilita la investigación preparatoria para determinar cómo se desarrolló la atención médica y si existió la conducta que sostiene la acusación fiscal.

El expediente continuará durante los próximos cuatro meses con nuevas medidas y el análisis de la documentación incorporada, incluida la información remitida por el establecimiento de salud.