Tres médicos ofrecieron pagar 35 millones para evitar el juicio por la muerte de un joven

Un joven de 17 años murió en un hospital de Tartagal tras una peritonitis. Tres médicos imputados por mala praxis intentaron cerrar la causa con una millonaria oferta económica, pero el juez tenía otros planes.

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Tres médicos ofrecieron pagar 35 millones para evitar el juicio por la muerte de un joven
Tres médicos ofrecieron pagar 35 millones para evitar el juicio por la muerte de un joven

El juez de Garantías 1 de Tartagal, Marcelo Alvarado, rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba que presentó la defensa de tres médicos del hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad, imputados por homicidio culposo por mala praxis en la muerte de Agustín Herrera, un joven de 17 años.

La causa se originó tras el fallecimiento del adolescente, ocurrido el 19 de octubre de 2025 en el establecimiento sanitario. Según consta en el expediente, la víctima murió por una septicemia generalizada después de haber presentado un cuadro de peritonitis.

¿Qué ofrecieron los imputados?

En la audiencia, la defensa de los profesionales propuso distintas formas de reparación del daño. Entre las ofertas, uno de los médicos se comprometió a pagar 25 millones de pesos, otro ofreció 10 millones, y se sumaron la entrega de un automotor, la realización de tareas comunitarias y la donación de elementos a instituciones.

Además, los imputados pidieron no ser inhabilitados para ejercer la medicina, argumentando que necesitaban seguir trabajando para poder afrontar los compromisos económicos asumidos durante esta instancia.

Las partes, incluido el padre de la víctima, que se presentó como querellante, aceptaron la reparación ofrecida y dejaron abierta la vía para un eventual juicio civil. Sin embargo, el magistrado consideró que no estaban dadas las condiciones para otorgar la suspensión del proceso.

El duro descargo del juez

Al fundamentar su decisión, Alvarado sostuvo: “No es razonable ni lógico pretender evitar el juicio mediante el pago de una reparación económica y además querer conservar intacta la actividad profesional en cuyo ejercicio se produjo el hecho investigado, como si no hubiese pasado nada”.

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