Tres mujeres declararon en el juicio por la golpiza policial a jóvenes Qom: lo que pidieron las defensas

El juicio por la violencia institucional contra una familia de la comunidad Qom de Fontana sumó este martes su segunda jornada en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. Tres mujeres volvieron a sentarse frente al tribunal y ratificaron los tormentos que denunciaron durante el operativo del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas.

Según pudo reconstruir CHACO DIA POR DIA, declararon Elsa Fernández, su hija Daiana Celeste Fernández y Rebeca Gisela Garay. Las tres mantuvieron los relatos que ya habían brindado en la etapa de instrucción, aunque las dos jóvenes se quebraron emocionalmente al recordar lo ocurrido.

En paralelo, las defensas de Cristian Eduardo Foschiatti y Orlando Sergio Martín Cabrera pidieron que se declare prescripto el delito de allanamiento ilegal, al sostener que pasó demasiado tiempo hasta la realización del juicio. La querella y las demás partes acusadoras rechazaron el planteo porque, según argumentaron, debía formularse antes del inicio del debate. Los restantes defensores acompañaron la solicitud. El tribunal resolvió que se pronunciará sobre la prescripción al momento de dictar sentencia.

El relato de Elsa Fernández

La mujer describió cómo los efectivos llegaron a su vivienda y avanzaron pese a que ella se negó a permitirles el ingreso. Denunció que, cuando intentó impedirlo, una mujer policía la empujó y otros agentes comenzaron a agredir a su hija.

Según su testimonio, varios efectivos golpearon a la joven y, cuando quiso intervenir para defenderla, también fue atacada. Aseguró que un policía la tironeó del cabello y que otro le pegó con un arma reglamentaria en el rostro. En medio del procedimiento, los agentes golpearon además a su sobrino Alejandro Saravia, a quien sacaron de la vivienda a los golpes y arrastrándolo del cabello.

Fernández sostuvo que su hija y su sobrino terminaron inconscientes por las agresiones. También denunció que los policías entraron a la casa sin exhibir una orden de allanamiento y que después encontró cartuchos y balas de goma tanto adentro como en el patio. Relató los insultos que recibió al intentar frenar el ingreso y afirmó que los efectivos la trataron de manera discriminatoria. Mientras intentaba auxiliar a sus familiares, dijo, no sabía a quién defender porque las agresiones se producían en distintos sectores del patio.

Golpes en la casa y en la comisaría

Daiana Celeste Fernández también ratificó su declaración de la instrucción y volvió a relatar las agresiones que, según denunció, sufrió en su vivienda y durante su traslado y permanencia en la Comisaría Tercera de Fontana.

La joven contó que salió al patio al escuchar gritos y que vio a policías persiguiendo a otros jóvenes del barrio. Cuando intentó auxiliar a su madre, una mujer policía le hizo una zancadilla y la tiró al suelo. A partir de ahí describió una sucesión de golpes, insultos y amenazas.

Según su relato, un efectivo la levantó tirándole del cabello mientras otros policías la golpeaban. Afirmó que recibió una cachetada y que la arrastraron fuera de su casa después de que se desmayara. Recuperó el conocimiento cuando ya la trasladaban por la calle y las agresiones continuaron hasta su llegada a la comisaría.

Ya en la dependencia policial, denunció que volvió a recibir golpes y que los efectivos la obligaron a arrodillarse contra una pared, mientras escuchaba cómo agredían a otra detenida. En su declaración inicial había señalado que no podía identificar a todos los policías por sus nombres, aunque recordaba los rostros de algunos. Durante la audiencia de este martes su testimonio volvió a estar atravesado por la emoción. También mencionó que fue sometida a tocamientos.

El testimonio de la vecina

Rebeca Gisela Garay, vecina de la familia, sostuvo que estaba en la casa de una tía cuando escuchó disparos y gritos. Al salir para ver qué ocurría, afirmó que vio a numerosos policías y que, cuando intentó regresar a su vivienda, fue interceptada por los efectivos.

En su declaración durante la instrucción había contado que una mujer policía y tres hombres la golpearon en la calle y la trasladaron a pie hasta la Comisaría Tercera de Fontana, mientras recibía patadas y puñetazos. También manifestó que fue alcanzada por balas de goma en una pierna.

Garay relató que, al llegar a la dependencia policial, los efectivos retiraron a dos jóvenes de una habitación e hicieron ingresar allí a ella y a Celeste Fernández. Su testimonio, al igual que el de las otras dos mujeres, mantuvo los aspectos centrales de la denuncia original.

El contexto del ASPO que intentó instalar la defensa

Otro de los ejes que las defensas procuraron instalar fue el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) vigente durante la pandemia de COVID-19. La intención sería señalar que las restricciones de entonces prohibían determinadas reuniones y que la familia habría incumplido esas medidas, como argumento para justificar el ingreso policial.

El planteo se inscribe en la discusión sobre las circunstancias del operativo, que la acusación investiga por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos durante el ingreso a la vivienda, las detenciones y las agresiones posteriores.

Qué se juzga y quiénes intervienen

Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2020 y tuvieron como víctimas a integrantes de una familia de la comunidad Qom, entre ellos varios menores de edad. La causa llegó a juicio con diez efectivos policiales imputados por distintos delitos, entre ellos allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica y detención ilegal, según la situación procesal de cada uno.

El debate continúa en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. La causa cuenta con un bloque acusador importante: intervienen como querellantes institucionales la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, representado por Guillermo Cuellar.

También interviene la defensora oficial N° 14, Karina Paz, en representación de las víctimas. Amnistía Internacional Argentina participa como “amigo del tribunal”, representada por Mariela Belski, con el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula, y la traducción durante el proceso está a cargo de Yolanda González.

Las imputaciones que enfrentan los acusados son diversas. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas. Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentan cargos por vejaciones agravadas. Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena enfrenta acusaciones por encubrimiento agravado y detención ilegal.