Tres pitbulls mataron a un caniche en pleno centro de Rosario y los vecinos ya habían denunciado a los dueños seis veces. ¿Qué dice la ordenanza que habrían ignorado y cuánto pueden pagar?
El ataque de tres pitbulls que terminó con un caniche de dos años muerto en pleno centro de Rosario reavivó el debate sobre la responsabilidad de los dueños de perros considerados peligrosos y los controles que puede aplicar el municipio. El episodio ocurrió en Mitre al 1500, cuando los animales habrían escapado de una vivienda sin correa ni bozal y se abalanzaron sobre la mascota que paseaba con su dueña.
Los vecinos de la zona no tardaron en reaccionar: aseguraron que ya habían presentado al menos seis reclamos contra los responsables de los perros y denunciaron otros ataques previos. La reiteración de hechos similares puso el foco en las normas que regulan la tenencia de estas razas en la ciudad.
Qué obligaciones impone la ordenanza a los dueños
Rosario cuenta con la Ordenanza 7445, sancionada en 2002 y modificada en varias oportunidades, que fija las condiciones para la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos. La norma alcanza a razas como Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileño, Tosa Inu, Akita Inu y sus cruzas.
Entre los requisitos, establece que estos animales deben circular en espacios públicos siempre acompañados por un responsable, con collar, correa y vacunación al día. Además, exige el uso de correa corta para las razas mencionadas.
El bozal también tiene su reglamentación: la ordenanza recomienda uno homologado que no cause sufrimiento al animal, pero lo vuelve obligatorio cuando el perro registra antecedentes de ataques a otras personas o animales.
Microchip, declaración jurada y seguridad en el hogar
La Ordenanza 8468/2009 sumó la identificación por microchip y la inscripción obligatoria en el Registro Único de Mascotas (RUM), que depende del Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa). Los dueños deben presentar una declaración jurada que detalle el adiestramiento del animal, las constancias veterinarias sobre su conducta y cualquier antecedente de agresiones a otros perros, familiares o terceros.
También se exige una tarjeta identificatoria con los datos del propietario, del perro y el código del microchip, que debe portarse cada vez que el animal sale a la vía pública. En cuanto a las viviendas, la normativa obliga a adoptar cerramientos perimetrales seguros para evitar escapes y mordeduras, además de medidas de prevención para quienes conviven con el animal.
El rol del municipio frente a las denuncias
La norma prevé un mecanismo de seguimiento: el Imusa debe intervenir ante denuncias de particulares o casos de lesiones provocadas por perros. Los centros de salud públicos y privados tienen la obligación de reportar esos episodios al organismo municipal, que puede citar a los propietarios y tomar las medidas correspondientes. Si hay denuncias policiales, la autoridad debe remitir los partes.
Además, la Ordenanza 9535/2016 incorporó la obligación de que el Imusa dicte cursos anuales de capacitación y sensibilización sobre manejo de perros en cada Centro Municipal de Distrito, dirigidos a los dueños de los animales alcanzados por la normativa.
Multas: cuánto pueden pagar los infractores
El Código de Convivencia Ciudadana de Rosario (Ordenanza 10.267/2021) establece las sanciones económicas. El artículo 321 prevé multas de entre 25 y 375 unidades fijas (UF) para quienes incumplan las disposiciones de protección animal de la Ordenanza 7445. Para graduar la pena, el juzgado considera el daño causado, la trascendencia social, el perjuicio provocado y la reincidencia.
Por su parte, el artículo 319 fija multas de 100 a 300 UF por abandono de animales o tenencia sin supervisión ni control en espacios públicos o privados de acceso público. El artículo 317 contempla la misma escala (100 a 300 UF) para quienes tengan animales sin cumplir los recaudos de cuidado y seguridad exigidos por las normas municipales.