Tres psicólogas de Aevas quedaron en el centro de una causa por abuso: la Justicia tomó una decisión que las despeja
Tres psicólogas de Aevas quedaron en el ojo de una denuncia por falso testimonio, asociación ilícita y corrupción de menores. La Justicia revisó cada punto y tomó una decisión que cambia el futuro de las profesionales: qué encontró el fiscal y por qué el caso no sigue.
La Justicia penal de Santa Fe cerró definitivamente la puerta a la acusación contra tres psicólogas de la Asociación Civil Aevas, que habían sido denunciadas por falso testimonio, asociación ilícita y corrupción de menores a raíz de su trabajo en causas por abuso sexual. El fiscal regional Matías Merlo ratificó la desestimación de la denuncia y descartó que existieran delitos en la elaboración de esos informes.
La decisión de la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) convalidó lo que ya había resuelto la Unidad Fiscal de Investigaciones Estratégicas. El paso siguiente fue un pedido de revisión presentado por un grupo de denunciantes, que finalmente no prosperó.
La acusación sostenía que las profesionales usaban patrones e informes sin rigor científico para respaldar denuncias de abuso sexual en contextos de disputas entre padres. El fiscal evaluó esos planteos uno por uno y concluyó que no alcanzaban para sostener una persecución penal.
Por qué el falso testimonio no se configuró
Sobre ese delito, la resolución fue precisa: las discrepancias metodológicas o las diferencias en las conclusiones de los informes no equivalen a un falso testimonio. Para que exista ese ilícito hace falta algo más: la afirmación de una falsedad con dolo, es decir, con intención de mentir.
El documento también rechazó otro argumento de la denuncia: que los sobreseimientos o absoluciones de los denunciantes en otras causas demostrarían un delito de las psicólogas. Para Merlo, ese razonamiento no se sostiene.
Sin estructura criminal ni pacto
Respecto de la asociación ilícita, el fiscal descartó que existiera una organización con fines delictivos entre las profesionales ni a través de Aevas. La coincidencia en criterios de trabajo o el cobro de honorarios, indicó, no implican un pacto criminal.
En cuanto a la corrupción de menores, el análisis fue distinto: los abordajes constituyeron intervenciones de tratamiento y contención, sin conductas destinadas a lesionar el desarrollo sexual de niños, niñas y adolescentes.
El límite entre lo penal y lo profesional
El documento delimitó su alcance: el análisis se restringió a la órbita del derecho penal. La evaluación sobre aspectos éticos o de práctica profesional, aclaró, corresponde a los órganos de control del Colegio de Psicólogos, porque se trata de planos de responsabilidad de distinta naturaleza jurídica.
Merlo concluyó que la decisión de las fiscales estuvo fundamentada. La investigación que respaldó el archivo incluyó la compulsa de legajos de los fueros penal y civil, el pedido de historias clínicas, el análisis de estatutos de instituciones y de informes del Colegio de Psicólogos, además de una consulta técnica a una especialista en psicología infantil de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
