Tres veces quisieron controlar el puerto de Ushuaia y tres veces les cerraron la puerta

Los equipos ambientales de la Provincia intentaron ingresar tres veces al Puerto de Ushuaia para hacer controles que, hasta la intervención nacional, eran parte de su rutina. La autoridad nacional que administra la terminal les negó el acceso en cada oportunidad.

Lo que estaba en juego no era menor: verificar el manejo de residuos peligrosos y el cumplimiento de la normativa sobre recursos hídricos. La Asociación Civil Mane’kenk tomó el caso y ahora reclama que el Gobierno provincial pase de los reclamos administrativos a acciones concretas.

“Es una cuestión de Estado”

La presidenta de Mane’kenk, Nancy Fernández, fue tajante sobre el rol que le cabe a la Provincia. “La Provincia tiene que accionar. Incluso me animo a pensar que debería, si es necesario, recurrir a la fuerza pública, como ante cualquier impedimento de implementación de cualquier norma”, sostuvo.

Para la referente, el conflicto excede a los funcionarios que quisieron entrar al puerto. “Es una cuestión de Estado”, remarcó, y pidió que no quede reducido a los trabajadores o agentes que intentaron concretar las inspecciones.

El pedido de informes que empezó en julio

Fernández contó que Mane’kenk se enteró del problema a través del Consejo Provincial de Medio Ambiente. Desde ahí pidió más datos y presentó ante Nación un requerimiento, vía Trámites a Distancia y en el marco del acceso a la información pública ambiental, sobre las obras anunciadas para el puerto y los mecanismos previstos para fiscalizarlas.

La solicitud arrancó en julio. Tras pedir una prórroga, según relató, Nación contestó que las tareas proyectadas no estarían alcanzadas por exigencias ambientales porque serían trabajos de mantenimiento sobre estructuras existentes.

“Consideran que no corresponden los instrumentos ambientales y que no requieren ningún tipo de intervención de autoridad ambiental”, resumió Fernández.

Una respuesta sin normativa

La ambientalista apuntó contra la falta de sustento legal de esa contestación. “En definitiva, lo que dice es que no dice nada, porque no da ninguna normativa, ni siquiera se respaldan en las normas nacionales”, afirmó.

Para Mane’kenk, incluso si se pretendiera dejar de lado la legislación provincial, Nación debería explicar al menos qué reglas nacionales aplican a una obra dentro de un ámbito que administra.

La respuesta también indica, según Fernández, que la empresa contratista se hará cargo de los residuos generados. Ahí la referente marcó otra contradicción: si aparecen residuos peligrosos debe intervenir la Provincia y, si son residuos industriales o de obra, también hay competencias municipales.

“Hablan de que estos materiales estarían en zonas autorizadas, sin definir cuáles serían esas zonas”, advirtió.

2,5 millones de dólares y muchas dudas

El cuestionamiento crece por la magnitud de los trabajos. Según la información que maneja Mane’kenk, la empresa contratada es Concrete Nord y la inversión supera los 2,5 millones de dólares.

“Con 2,5 millones de dólares no es solamente arreglar un fierrito que se desoldó. Me parece que son obras de mucha mayor envergadura”, planteó Fernández.

La referente describió que los trabajos pueden implicar movimiento de agua, intervención sobre el suelo y generación de residuos. Por eso consideró clave determinar qué evaluaciones, permisos y controles deben aplicarse antes y durante la ejecución.

Recordó que la Ley provincial 55 establece herramientas de evaluación ambiental y que la Ley de Aguas reconoce competencias provinciales sobre los recursos hídricos.

Para Fernández, la falta de ingreso de los inspectores impide además reconstruir la trazabilidad de los residuos desde el desembarco hasta su tratamiento final. Ese seguimiento es especialmente relevante para los residuos peligrosos que llegan en buques, cuyo circuito exige controles sucesivos antes de su disposición.

Amparo, cautelar y hasta fuerza pública

Mane’kenk evalúa hacer nuevas consultas sobre los puntos que considera sin responder y no descarta ir a la Justicia. Fernández sostuvo que también corresponde pedir precisiones a la autoridad ambiental nacional sobre el control de las obras y señaló que la Provincia debería analizar un amparo, una medida cautelar u otro mecanismo para ejercer sus atribuciones.

“Desconozco cuáles son los mecanismos normativos y legales, si es ante la Justicia federal, si es ante la Justicia provincial o si tendrán que certificar con escribano público lo que ha sucedido. Entiendo que las áreas legales del Estado tienen que saber cómo actuar”, expresó.

La ambientalista amplió el reclamo al Municipio de Ushuaia por las competencias locales en materia de residuos. “Creo que hasta la Municipalidad tendría que actuar, porque en temas de residuos es competencia municipal”, afirmó.

El planteo de Mane’kenk pone el conflicto en un nivel superior al desacuerdo administrativo sobre quién puede ingresar al puerto. Para Fernández, si una autoridad provincial tiene obligaciones legales de fiscalización y se le impide cumplirlas, el Estado debe usar las herramientas judiciales, administrativas y, en última instancia, de fuerza pública que correspondan para garantizar esos controles.