Tres visitas por año a cada estancia: el plan que quiere cambiar la salud en el campo santacruceño
¿Cuántas veces al año debería llegar un equipo médico a cada estancia santacruceña? El proyecto que acaba de entrar a la Legislatura fija un número y ata el pago a los profesionales al precio de la nafta. ¿Alcanzará?
Un proyecto de ley que busca darle un marco legal permanente a la atención sanitaria en el interior de Santa Cruz ingresó a la Legislatura provincial. Lo presentó el diputado Carlos Alegría y quedó registrado con el número 762, con fecha de ingreso 21 de octubre de 2026.
La iniciativa se llama Programa Provincial de Salud Rural y Garantía de Acceso Integral a la Atención Sanitaria y apunta a que quienes viven o trabajan lejos de los centros asistenciales tengan acceso a los servicios públicos de salud en condiciones equiparables al resto de la provincia.
Qué propone el texto
El proyecto no parte de cero: toma como antecedente el Decreto Provincial N.º 0094/2023, que aprobó el Programa de Salud Rural de Santa Cruz y creó el Módulo Unidad Asistencial Primaria Rural (UAPRU). La norma no da por caído ese programa; lo que busca es reforzar su respaldo normativo y sumarle obligaciones legales de planificación, financiamiento, seguimiento y control.
Uno de los puntos centrales fija un piso de tres visitas domiciliarias anuales a cada establecimiento rural relevado, a cargo de equipos interdisciplinarios. Esas intervenciones servirían para evaluar las condiciones sanitarias, detectar enfermedades, hacer controles preventivos y asegurar el seguimiento de los tratamientos.
A quiénes alcanza y qué prestaciones incluye
La cobertura está pensada para todas las personas que residan, trabajen o permanezcan habitualmente en estancias, puestos, campamentos y otros asentamientos rurales, sin importar nacionalidad, condición laboral, cobertura médica ni modalidad de residencia.
El listado de prestaciones previstas es amplio: controles de salud infantil, seguimiento de embarazos, vacunación, prevención y detección de enfermedades crónicas, atención odontológica, evaluación oftalmológica, salud mental y acciones contra enfermedades transmisibles y zoonóticas, con la hidatidosis y la triquinosis entre las mencionadas.
Para cubrir esas tareas, el proyecto contempla equipos interdisciplinarios armados según las necesidades de cada zona: médicos, enfermeros, trabajadores sociales, agentes sanitarios, psicólogos, odontólogos, oftalmólogos, nutricionistas, técnicos y auxiliares de traslado.
Georreferenciación y módulos atados al precio de la nafta
Otro de los ejes es la creación y actualización de un sistema de georreferenciación de establecimientos rurales. La herramienta permitiría organizar los recorridos sanitarios, marcar las zonas con dificultades de acceso y vincular a la población con los puestos sanitarios y centros de salud que le corresponden.
El texto también regula el Módulo Unidad Asistencial Primaria Rural (UAPRU) para el personal sanitario que participe efectivamente en las comisiones territoriales. Cada módulo equivaldría al precio de 100 litros de nafta súper en las estaciones de servicio de YPF de Río Gallegos, con actualización semestral.
La asignación diaria varía según la función: cuatro módulos para médicos generalistas, tres para profesionales no médicos, dos para agentes sanitarios y personal técnico especializado, y uno para auxiliares de traslado o conductores. Los pagos quedarían atados a la acreditación de las tareas efectivamente realizadas y a controles administrativos para evitar duplicaciones.
Metas de cobertura y quién controla
En materia de objetivos, el programa debería alcanzar al menos al 70% de la población rural identificada en los primeros 12 meses desde la aprobación del plan operativo inicial, y al 100% dentro de los 24 meses.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Políticas Sanitarias o el organismo que la reemplace. Ese ministerio debería elaborar informes periódicos y presentar cada año ante la Legislatura datos sobre población alcanzada, visitas realizadas, prestaciones brindadas, recursos utilizados y cumplimiento de metas.
El financiamiento saldría de las partidas que se asignan anualmente al Ministerio de Salud y Ambiente en el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, sin perjuicio de otros recursos adicionales que puedan destinarse legalmente al programa.
