Tuberculosis en la cárcel: la Justicia citó a dos médicos y les puso 24 horas de plazo a las unidades penitenciarias

La Fiscalía de Derechos Humanos de Salta abrió una investigación de oficio para determinar si hay casos confirmados de tuberculosis en las cárceles de la provincia, después de que publicaciones periodísticas encendieran la alarma sobre la situación sanitaria de los internos.

La fiscal penal Claudia Geria dispuso una batería de medidas urgentes para conocer con precisión qué está pasando dentro de los establecimientos y si la enfermedad circula entre las personas privadas de la libertad.

Informes con plazo de 24 horas

Las primeras actuaciones alcanzan a la Alcaidía General, en sus secciones masculina y femenina, y a las Unidades Carcelarias 1 y 4. Todas deberán entregar información actualizada sobre la situación sanitaria de los detenidos alojados en esos lugares.

El requerimiento no es menor: los establecimientos tienen 24 horas para responder y especificar si durante el semestre se registraron internos con diagnóstico confirmado de tuberculosis.

También se les pidió que detallen si hay personas aisladas por presentar síntomas compatibles con la enfermedad, un dato clave para medir el nivel de contagio dentro de los penales.

Declaraciones de médicos y personal de sanidad

La Fiscalía quiere escuchar de primera mano a quienes atienden a los presos. Por eso dispuso recibir la declaración testimonial del responsable del Departamento de Sanidad de la Unidad Carcelaria 1 y de otro profesional médico que se desempeña en el ámbito penitenciario.

Ambas citaciones quedaron fijadas para este viernes 16 de octubre. La intención es obtener información directa de los encargados de la atención sanitaria dentro de los establecimientos, sin intermediarios.

El CEI sale a buscar historias clínicas

En paralelo, se solicitó la intervención del Cuerpo Especial de Investigadores (CEI), que tendrá la tarea de rastrear a las personas privadas de la libertad que estén hospitalizadas por tuberculosis.

Los investigadores deberán identificarlas, conseguir sus historias clínicas y reunir datos que permitan contactar a sus familiares. Es decir, reconstruir el recorrido de cada paciente para saber cómo llegó a ese estado y cuánto tiempo estuvo en contacto con otros internos.

Medidas de prevención durante las diligencias

La fiscal Geria ordenó además que durante todas las diligencias se adopten medidas preventivas para proteger al personal que intervenga y reducir cualquier riesgo de propagación de la enfermedad.

Las actuaciones están todavía en una etapa inicial de recopilación. Los informes de las unidades penitenciarias, las declaraciones de los profesionales de salud y la documentación médica serán los que permitan determinar cuál es la situación sanitaria real y si existen casos de tuberculosis dentro de los centros de detención alcanzados por las medidas.