Tucumán: dos jóvenes admitieron que planificaban ataques contra la comunidad judía y ahora deberán cumplir una pena en suspenso

La Justicia federal de Tucumán condenó a Rafael Chibilisco Guzmán y Leandro Fregenal, de 26 y 28 años, a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de intimidación pública agravada por odio religioso. Ambos reconocieron su responsabilidad en un acuerdo de juicio abreviado.

La sentencia fue dictada por el juez Pablo Toledo, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, tras homologar el acuerdo impulsado por la Fiscalía General ante ese tribunal.

La investigación determinó que los acusados intercambiaron mensajes en los que anticipaban acciones de hostigamiento y posibles ataques contra integrantes e instituciones de la comunidad judía de la provincia.

El origen de la causa

Todo empezó en 2020, a partir de una denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El expediente se radicó primero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero luego pasó a la Justicia federal tucumana por una cuestión de competencia territorial.

Según la pesquisa, Chibilisco Guzmán y Fregenal usaban aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram para difundir contenidos de ideología nacionalsocialista y antisemita, expresiones negacionistas del Holocausto y referencias a hechos violentos contra la comunidad judía.

La causa tomó mayor gravedad en abril de 2021, cuando una ampliación de la denuncia alertó sobre mensajes que describían la posibilidad de un ataque coordinado durante el Shabat. Ante esa advertencia, la Fiscalía Federal N° 2 pidió allanamientos y órdenes de detención, que autorizó el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán.

Qué encontraron en los allanamientos

Los procedimientos los llevó adelante personal de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. En los operativos se secuestraron armas de fuego cortas y largas, armas blancas, equipos de radiocomunicación, teléfonos, computadoras, bibliografía nazi y otros elementos vinculados con organizaciones y discursos de odio.

En marzo de 2022, el fiscal federal Agustín Chit había pedido elevar la causa a juicio. Después, el fiscal general subrogante Pablo Camuña, junto al auxiliar fiscal Daniel Weisemberg, impulsó el acuerdo que permitió cerrar el expediente mediante juicio abreviado, con la conformidad de los imputados y de la DAIA, que intervino como querellante.

La Fiscalía modificó la calificación inicialmente atribuida y sostuvo que la prueba reunida permitía acreditar la difusión de mensajes violentos y antisemitas, aunque no alcanzaba para establecer una incitación pública, directa e inequívoca dirigida a terceros para ejecutar actos concretos de violencia colectiva.

Además de la pena en suspenso, los condenados deberán cumplir reglas de conducta durante tres años: fijar residencia, someterse al control judicial y abstenerse de participar o vincularse con organizaciones y actividades extremistas. También se dispuso el decomiso definitivo de las armas, dispositivos y material propagandístico incautado.