Tucumán: el Tribunal de Cuentas aprobó el balance 2025, pero 93 comunas rurales quedaron en el centro de la escena

El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) encendió una luz de alerta sobre la forma en que las 93 comunas rurales de la provincia manejan su contabilidad, al detectar que lo hacen con "registros contables precarios" y sin un sistema que garantice información "confiable, precisa y oportuna". La advertencia forma parte del análisis del organismo sobre la Cuenta de Inversión 2025.

Las conclusiones quedaron asentadas en el Acuerdo Nº 3482, del 11 de septiembre, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. El expediente incluye la Cuenta de Inversión elaborada por la Contaduría General de la Provincia, presentada el 29 de mayo dentro de los plazos legales, y es el paso previo al tratamiento en la Legislatura, que tiene la potestad constitucional de aprobarla o rechazarla.

Una falencia que se repite

El TC remarcó que no se trata de un problema nuevo: ya viene actuando y sancionando a responsables comunales por incumplir en tiempo y forma con las rendiciones de gastos públicos. "Las comunas rurales llevan sus movimientos y/u operaciones en registros contables precarios, sin tener un sistema contable que permita obtener información confiable, precisa y oportuna", señala el Acuerdo.

Ante ese panorama, el organismo advirtió a la Contaduría General —como órgano rector del sistema contable provincial— sobre la necesidad de aplicar estrictamente los artículos 102 y siguientes de la Ley de Administración Financiera. Además, el documento apunta que las comunas rurales no cuentan con créditos presupuestarios asignados para ejecutar correctamente sus recursos, una situación ligada a la suspensión de las normas sobre el Presupuesto de Recursos y Gastos comunal mientras rige el Presupuesto provincial 2025.

Casi todos los balances, presentados en término

Pese a las observaciones, el TC analizó 558 estados contables bimestrales de las 93 comunas y constató que 553 —el 99,10%— habían sido rendidos ante el organismo. Los dos balances restantes, correspondientes a la comuna de Los Pérez, habían sido presentados en tiempo y forma ante la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas, aunque luego fueron devueltos para su regularización.

En la parte resolutiva del Acuerdo, firmado por el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, el organismo pidió a la Contaduría General avanzar en la "implementación del Sistema de Contabilidad a todo el Sector Público y en particular a las Comunas Rurales".

Superávit financiero y ejecución del 92%

Más allá de los cuestionamientos, la Cuenta de Inversión mostró un resultado positivo durante 2025. Los recursos totales sumaron $4.793.658,90 millones frente a gastos por $4.772.413,11 millones, con un superávit financiero de $21.245,79 millones. Los recursos corrientes alcanzaron $4.718.814,48 millones y los gastos corrientes $4.578.365,15 millones, dejando un ahorro de $140.449,33 millones, equivalente al 2,98%.

La cuenta de capital, en cambio, cerró negativa en $119.203,54 millones, ya que los recursos de capital fueron de $74.844,42 millones frente a gastos por $194.047,96 millones. Al combinar ambos resultados, el TC concluyó que "no fue necesario recurrir al financiamiento para afrontar la totalidad de la inversión del período".

En términos presupuestarios, sobre un crédito vigente de $4.633.600,35 millones se ordenaron pagos por $4.269.930,82 millones, una ejecución del 92,15%, mientras que la recaudación efectiva fue de $4.274.218,16 millones, el 92,24% de lo previsto.

Un pasivo que supera los $715 mil millones

Al 31 de diciembre de 2025, el Tribunal consignó un Pasivo Provincial de $715.826,64 millones, integrado entre otros conceptos por $180.372,22 millones de deuda pública provincial, un saldo acreedor de $208.811,17 millones en una cuenta del Banco Macro y $302.712,58 millones en órdenes de pago no canceladas. También se contabilizaron $3.298,67 millones en intereses de deuda, $20.063,70 millones de fondos de terceros y $568,30 millones de otras cargas fiscales.

El informe destacó, además, que los "pasivos diferidos" —cheques diferidos— sumaban $26.678,92 millones, un saldo que la Contaduría no había incluido como parte del stock de deuda durante el ejercicio, aunque sí figuró en la Cuenta de Inversión 2025. El TC recomendó revisar la exposición de todos los conceptos previstos por la ley en materia de deuda pública.

Opinión adversa sobre la gestión consolidada

El organismo determinó que el Informe de Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Provincial no incluye a los organismos descentralizados que no consolidan, a las comunas rurales ni a las empresas estatales, por lo que consideró incumplido el artículo 109 inciso 5 de la Ley de Administración Financiera. También señaló la existencia de cuentas bancarias de organismos centralizados y descentralizados que no están incorporadas al sistema SAFyC. "Por lo antes expuesto, se emite una opinión adversa respecto del Informe de la Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Provincial", concluyó el TC.

Esa opinión adversa no alcanza a toda la ejecución presupuestaria: las delegaciones fiscales se pronunciaron sobre la razonabilidad de la ejecución al 31 de diciembre de 2025, aunque con una serie de salvedades relevantes.

Otras irregularidades detectadas

El informe también relevó irregularidades en distintas reparticiones. En el Ministerio de Gobierno y Justicia, detectó que ingresos correspondientes a la Ley provincial 8.365 de Defensa del Consumidor y a la Ley nacional 19.511 de Metrología Legal se registraban bajo un mismo código de recursos, pese a que deben asentarse por separado. También observó órdenes de pago de subsidios a personas jurídicas emitidas a nombre del organismo y no de los beneficiarios.

Entre los organismos descentralizados, recibieron observaciones la Caja Popular de Ahorros, el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), el Departamento Producción de Institutos Penales, la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección de Recursos Hídricos. En el caso del IPSST, el Tribunal señaló un saldo negativo de $6.626,24 millones entre activo y pasivo corriente, además de dificultades para vincular transferencias con los extractos bancarios.

Respecto de la Caja Popular de Ahorros, el informe consignó una pérdida de $21.672,87 millones en el ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2025, frente a $8.791,47 millones del período anterior. Por la diferencia entre esa fecha de cierre y la de la Administración Provincial, entre otros factores, la Delegación Fiscal se abstuvo de emitir opinión sobre sus estados contables.

Las recomendaciones finales

Tras el análisis, el Tribunal aprobó el informe sobre la Cuenta de Inversión 2025 y dispuso remitirlo al Poder Ejecutivo para su posterior elevación a la Legislatura. Entre las recomendaciones, pidió mejorar la registración de recursos y gastos, adecuar los códigos de fondos nacionales, completar los estados contables pendientes, implementar el sistema de contabilidad en todo el sector público —con foco en las comunas rurales— y transparentar la totalidad de los conceptos que componen la deuda pública provincial.

También sugirió incorporar al informe consolidado a los organismos descentralizados y empresas estatales que hoy quedan afuera, y regularizar los anticipos pendientes de rendición. El organismo aclaró, por último, que la eventual aprobación de la Cuenta de Inversión no inhibe su competencia sobre las situaciones con opinión adversa, salvedades o abstención de opinión, y dio intervención a su Asesoría Jurídica para definir el trámite que corresponde a cada caso.