Tucumán: las represas de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo tienen dueño asegurado hasta 2027
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Tucumán: las represas de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo tienen dueño asegurado hasta 2027

El decreto 1349/2026 estiró la operación de cinco concesionarias hidroeléctricas, entre ellas la que maneja las represas tucumanas de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. Ahora las operadoras tienen siete días para responder y el Gobierno ya prepara los pliegos para licitarlas.

El Poder Ejecutivo nacional dio un paso más en su plan de traspaso de activos estatales al sector privado y lo hizo con impacto directo en Tucumán. A través del Decreto 1349/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, extendieron hasta el 30 de abril de 2027 la operación de cinco concesionarias de centrales hidroeléctricas del país.

Entre las alcanzadas aparece Hidroeléctrica Tucumán S.A., la firma que maneja los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. La prórroga llega mientras el Gobierno avanza en la confección de los pliegos licitatorios que definirán quién controla esas instalaciones en el futuro.

La medida abarca 1.127,7 megavatios (MW) de potencia instalada repartidos en cinco complejos estratégicos del interior argentino.

Qué deben hacer las operadoras para seguir a cargo

El decreto fija condiciones concretas. Las actuales concesionarias cuentan con un plazo de siete días corridos para adherir formalmente a la extensión temporal. Si no lo hacen, quedan obligadas a garantizar la continuidad del servicio durante al menos 45 días hábiles, hasta que el Estado nacional resuelva el nuevo esquema de adjudicación.

El mapa de las represas alcanzadas

En Tucumán, la prórroga recae sobre Hidroeléctrica Tucumán S.A., que gestiona El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, con un aporte conjunto de 51,6 MW al sistema interconectado.

En el resto del Noroeste también quedaron comprendidas AES Argentina Generación S.A. en Salta —administra Cabra Corral y El Tunal, con 111,1 MW— e Hidroeléctrica Río Hondo S.A. en Santiago del Estero, operadora de Río Hondo y Los Quiroga con 17 MW.

El listado se completa con Hidroeléctrica Futaleufú S.A. en Chubut, la más grande de todas con 560 MW, e Hidroeléctrica Diamante S.A. en Mendoza, responsable de Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre con 388 MW.

Este movimiento se suma a las licitaciones ya encaminadas para otras grandes represas nacionales como Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Los Nihuiles. En ese esquema, la Secretaría de Energía concentra la redacción de los pliegos y la firma de los nuevos contratos.

Belgrano Cargas, la otra apuesta fuerte

En paralelo al reordenamiento energético, el Ministerio de Economía aceleró la reconfiguración del sistema ferroviario. Difundió los pliegos para concesionar por 50 años las vías e inmuebles del Belgrano Cargas junto a las líneas General San Martín y General Urquiza.

Se trata de una red de 7.594 kilómetros distribuida en 16 provincias, con fuerte incidencia logística para las economías regionales del norte. El modelo excluye el pago de un canon al Estado y permite al operador privado financiarse mediante el cobro de peajes y la explotación comercial de inmuebles linderos a las trazas.

Los activos que todavía esperan

El Ejecutivo mantiene en cartera otros activos habilitados por la Ley Bases que aún no tienen plazos cerrados para su apertura al capital privado. Entre ellos figuran Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) —donde la ley exige que el Estado conserve al menos el 51% del capital accionario y ya se recibieron propuestas de inversión por USD 120 millones—, además de Energía Argentina (Enarsa) y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA).

Desde el equipo económico sostienen que el proceso busca asegurar la continuidad del servicio tras el vencimiento de los contratos de los años 90, reducir el gasto y captar divisas frente a los vencimientos de deuda de 2027. Del otro lado, sectores políticos, gremiales y especialistas energéticos advierten sobre los riesgos de ceder el control estatal en áreas estratégicas.

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