Tucumán: querían pagarle la indemnización en 12 cuotas, hasta que revisaron los balances de la empresa
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Tucumán: querían pagarle la indemnización en 12 cuotas, hasta que revisaron los balances de la empresa

La empresa pidió pagar en 12 cuotas y se declaró en dificultades. Cuando el juez revisó los balances, los números que aparecieron cambiaron el final de la historia.

La reforma laboral volvió a recibir un golpe en los tribunales tucumanos. El Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.802 que habilita a las MiPyMEs a pagar en cuotas las indemnizaciones y otras condenas judiciales, y como consecuencia ordenó a una empresa de calzado cancelar en un único pago más de $8,2 millones a una exempleada despedida.

El fallo lo firmó el juez Carlos Frascarolo. La firma había pedido fraccionar en 12 mensualidades consecutivas una deuda de $8.265.686,74, amparándose en su condición de micro, pequeña o mediana empresa y alegando problemas económico-financieros.

El magistrado rechazó ese planteo. Entendió que imponer de forma unilateral un pago en cuotas lesiona derechos constitucionales de la trabajadora, sobre todo cuando se trata de un crédito laboral ya reconocido por sentencia firme.

El artículo que quedó bajo la lupa

El corazón de la disputa es el artículo 56 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Esa norma modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y abrió la puerta para que las MiPyMEs cancelen condenas judiciales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.

Para Frascarolo, ese mecanismo choca con el derecho de propiedad de la trabajadora, resguardado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, y con el principio protectorio del derecho laboral que fija el artículo 14 bis.

En su argumentación, el juez remarcó que hacer esperar un año más a una empleada para cobrar una indemnización ya reconocida judicialmente equivale a trasladarle las consecuencias económicas del incumplimiento de su empleador.

También apuntó contra la desigualdad que genera la norma: una empresa que cumple voluntariamente con sus obligaciones no accede a ese beneficio, mientras que otra que incumple y termina condenada en la Justicia sí puede obtener una facilidad de pago.

Qué mostraron los balances

La situación patrimonial de la firma fue otro de los puntos que pesó en la resolución. La empresa presentó su certificado de inscripción como MiPyME y sostuvo que atravesaba dificultades económicas, pero el análisis de sus balances arrojó otros números: activos por más de $1.261 millones, un patrimonio neto superior a $625 millones y disponibilidades líquidas por casi $173 millones.

Con esos datos sobre la mesa, el magistrado concluyó que no quedaba demostrado que pagar la indemnización de inmediato pusiera en riesgo la continuidad de la actividad comercial ni los puestos de trabajo.

A eso sumó el tiempo que la trabajadora ya había tenido que esperar: 19 meses de proceso judicial para lograr el reconocimiento de su indemnización. Extender el cobro otros 12 meses, según el fallo, afectaría su derecho a una tutela judicial efectiva.

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