Tucumán: quieren borrar publicaciones en 12 horas y multar con $30 millones
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Tucumán: quieren borrar publicaciones en 12 horas y multar con $30 millones

La Legislatura de Tucumán le dio dictamen favorable a un proyecto que permitiría a la Junta Electoral bajar publicaciones en 12 horas y acceder a direcciones IP. Quién lo impulsa y qué sanciones prevé.

Un proyecto de ley que ya tiene dictamen favorable en la Legislatura tucumana busca que la Junta Electoral Provincial pueda controlar lo que se publica en redes durante las campañas. La iniciativa, impulsada por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse, prevé eliminar contenidos en un plazo de 12 horas, acceder a direcciones IP y aplicar multas de hasta 30 millones de pesos.

La propuesta se presentó en noviembre de 2025 y la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales le dio dictamen favorable el martes 17 de noviembre. Aunque el texto no crea formalmente una nueva fuerza de seguridad, sus atribuciones hicieron que se la empiece a describir como una especie de “Policía Electoral” dedicada a fiscalizar contenidos digitales.

Qué pasa cuando alguien denuncia una publicación

El artículo 9 del proyecto habilita a cualquier elector habilitado en Tucumán o al Ministerio Público Fiscal a denunciar contenidos considerados falsos, manipulados o descontextualizados.

Frente a un requerimiento de la Junta Electoral, las plataformas tendrán como máximo 12 horas para etiquetar, ocultar, desmonetizar o eliminar las publicaciones cuestionadas. Según el texto presentado, esas medidas no exigen una orden judicial previa ni contemplan necesariamente un descargo previo de quien publicó.

Cuánto costaría una multa

Las sanciones económicas arrancan en $100.000 y llegan hasta $10 millones para quienes produzcan o difundan esos contenidos. Si se detectan bots o redes coordinadas, la cifra puede trepar hasta $30 millones. Las agrupaciones políticas, en tanto, podrían recibir multas de entre $5 millones y $10 millones.

El proyecto también obliga a las plataformas digitales a entregar información sobre publicaciones, comentarios, interacciones, usuarios, fechas, horarios y direcciones IP.

Las dudas que despierta la letra chica

Uno de los principales cuestionamientos es la amplitud de expresiones como “contenido descontextualizado”, que podrían volver difícil distinguir entre desinformación, opiniones políticas, críticas y publicaciones periodísticas.

Si bien el texto contempla excepciones para la sátira y las expresiones artísticas, la posibilidad de que una autoridad administrativa disponga medidas urgentes sobre publicaciones electorales abre interrogantes sobre la libertad de expresión, la protección de datos personales y las garantías de revisión judicial.

Tucumán ya tiene antecedentes en la materia: la Ley 9.290, sancionada en 2020, incorporó sanciones por difundir noticias falsas en internet, con multas y arrestos de hasta diez días.

Por ahora, la nueva iniciativa no es ley. Después del dictamen en comisión, deberá avanzar en el trámite legislativo para que sus disposiciones puedan entrar en vigencia.

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