Tucumán y otras cuatro provincias llevan al Congreso una sospecha que salpica al Fondo del Tabaco
Productores tabacaleros de Tucumán y otras cuatro provincias llevan al Congreso un reclamo que puede cambiar cómo se reparte el Fondo Especial del Tabaco. Piden auditorías y controles sobre las declaraciones de producción, pero el dato que más incomoda lo guardan para la reunión.
Un grupo de productores tabacaleros independientes de Tucumán, Misiones, Jujuy, Corrientes y Salta desembarcará este miércoles 14 de octubre en el Congreso de la Nación con un objetivo concreto: que se audite el Fondo Especial del Tabaco (FET). La avanzada incluye pedidos de investigación por presuntas irregularidades en los centros de acopio y controles sobre declaraciones de producción que, según los planteos que llevarán, no se corresponderían con volúmenes reales de tabaco.
La delegación busca así mayor transparencia en el manejo de los recursos y que los controles alcancen tanto la asignación de fondos como su llegada efectiva a los pequeños y medianos productores.
Quiénes viajan y con quiénes se reúnen
Por Tucumán estarán Simón Lobo, productor de Los Arroyo, en el departamento Juan Bautista Alberdi, y Esteban Villafañe, de La Cocha. Ambos participarán en representación de Tabacaleros Unidos, la agrupación que nuclea a trabajadores independientes de la actividad.
La primera reunión está prevista para las 9 en el Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, donde serán recibidos por el diputado nacional Carlos Zapata. También se anunció un encuentro con el coordinador nacional del Tabaco, Marcelo Reinoso, ante quien expondrán los cuestionamientos sobre la distribución y fiscalización de los fondos del sector.
Los encuentros con Zapata y Reinoso serán la oportunidad para presentar formalmente las denuncias y pedir la intervención de las autoridades competentes.
Qué reclaman y por qué
Uno de los ejes centrales es conseguir que las autoridades nacionales impulsen mecanismos de control sobre la administración del FET, con foco en cómo se asignan los recursos. Los representantes también insistirán en que se investiguen posibles irregularidades en los centros de acopio y en que se verifique la autenticidad de las declaraciones de producción usadas para acceder a los beneficios económicos.
Según los planteos que llevarán al Congreso, existirían sospechas sobre registros de producción que no coincidirían con los volúmenes reales de tabaco. Sin embargo, esas situaciones constituyen denuncias que deberán ser examinadas y comprobadas por los organismos competentes.
Junto con los pedidos de investigación, los productores buscarán que se agilicen los mecanismos de distribución del Fondo Especial del Tabaco, para reducir las demoras que afectan a quienes dependen de esos ingresos para sostener su actividad. La delegación considera necesario establecer procedimientos de fiscalización que permitan saber con mayor precisión cómo se administran los fondos y quiénes reciben los beneficios, especialmente los establecimientos de menor escala.
"No nos sentimos representados por nadie"
En la previa del viaje, Simón Lobo cuestionó el funcionamiento de las estructuras tradicionales de representación del sector y aseguró que la delegación actuará con independencia de las organizaciones gremiales, las cooperativas y las autoridades gubernamentales.
"Nosotros vamos representando a todos los tabacaleros independientes. Tabacaleros Unidos", manifestó el productor tucumano.
Lobo también expresó su disconformidad con las entidades que hoy intervienen en la actividad tabacalera y sostuvo que numerosos trabajadores del sector no se sienten representados por esas instituciones.
"No nos sentimos representados por nadie, ni por el Gobierno, ni por los gremios, ni por cooperativas", afirmó.
La participación conjunta de productores de cinco provincias busca darle alcance nacional al reclamo y promover una revisión de los procedimientos con los que se distribuyen los recursos del FET.
Con representantes de Alberdi y La Cocha, Tucumán tendrá participación directa en una gestión que apunta a impulsar auditorías, mejorar los controles sobre la producción declarada y conseguir mayor transparencia en el reparto de los fondos que financian la actividad tabacalera.