Tucumán ya tiene luz verde para un crédito de $100.000 millones: la condición que lo activaría

El Gobierno de Tucumán aprobó los términos de un crédito bancario de hasta $100.000 millones que, si la recaudación sigue cayendo, podría convertirse en el salvavidas de la obra pública. La firma del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, quedó plasmada en el decreto 1.612/3 (MEyP), fechado el 20 de julio y conocido esta semana.

El texto no ordena usar el préstamo: habilita las gestiones. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quedó autorizado a tramitar la autorización de endeudamiento ante el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central (BCRA).

Las condiciones del préstamo

El esquema contempla un plazo de 36 meses desde cada desembolso, con seis meses de gracia para el capital. La tasa será TAMAR corregida más 700 puntos básicos. Como garantía, la Provincia podrá ceder al Banco Macro derechos de cobro sobre una parte de los fondos que recibe por Coparticipación Federal. La Dirección de Crédito Público consideró esas condiciones “razonables y convenientes” y alineadas con el mercado.

Si el financiamiento se usa, los fondos deberán destinarse exclusivamente a los proyectos del contrato. La Provincia se comprometió a acreditar ante el banco la aplicación del dinero, en línea con la Resolución 30/2017 de la UIF.

Las 16 obras que podrían recibir el dinero

Entre las intervenciones previstas aparecen la finalización de 572 viviendas del Procrear II y la construcción del Comando Región IV de Gendarmería Nacional. También figuran obras en las rutas provinciales 357, 311 y 323, la rotonda de Juan Bautista Alberdi y el puente de Estación Aráoz.

En educación se contemplan la reparación integral de la Escuela Roca, trabajos en la Escuela de la Patria, la nueva Secundaria de San Pedro de Colalao, la Escuela de Manantial Sur y la reparación de la French y Berrutti de Aguilares. Además, el pozo de agua de La Ramada y La Cruz, la finalización del pozo del barrio Presidente Perón en Banda del Río Salí, la planta de tratamiento y red colectora de Burruyacu y Centros de Desarrollo Infantil. El anexo no detalla cuánto le tocaría a cada proyecto.

Sin pasar por la Legislatura

La operación no requiere una nueva autorización legislativa porque el Ejecutivo la encuadró en la Ley 9.942 de Presupuesto 2026. Su artículo 17 fija un límite de endeudamiento del 10% de los gastos anuales, calculados en $4,91 billones, aunque hay una ampliación presupuestaria prevista.

Fuentes de la Casa de Gobierno indicaron que ya se avanzó con las autorizaciones para disponer eventualmente del préstamo. La decisión final dependerá de los ingresos provinciales: si la caída de la recaudación se agrava, el crédito bancario asoma como una alternativa.

De concretarse, sería la segunda operación de este tipo en la gestión de Jaldo con el Banco Macro. La anterior fue el contrato del 11 de junio de 2025 por $80.000 millones para obras públicas y compra de maquinaria.

Jaldo: “gobernabilidad, previsibilidad y paz social”

El gobernador confirmó que analiza distintas alternativas para sostener la capacidad financiera del Estado. Dijo que busca fuentes que garanticen “la gobernabilidad, la previsibilidad” y la “paz social”, y descartó como estrategia prioritaria el endeudamiento en moneda extranjera: a diferencia de provincias mineras o energéticas, Tucumán no genera dólares directamente y sus divisas vienen del citrus, la caña de azúcar y los arándanos. Por eso apunta a financiamiento en pesos, incluso con instrumentos que coticen dentro de la provincia.

Según Jaldo, Tucumán tiene margen porque no registra un endeudamiento elevado y cuenta con entre un 97% y un 98% de desafectación de la coparticipación. Igual vinculó la necesidad del crédito a la economía nacional: si repunta el consumo y el IVA, suben los recursos coparticipables. Reclamó además fondos por el impuesto a los combustibles, ATN, incentivo docente y compensaciones al transporte. Con esos ingresos, afirmó, la Provincia puede autofinanciarse; sin ellos, necesita tener alternativas a mano para sostener el funcionamiento del Estado.