Tucumán ya tiene su ley para los chicos de 14: quién los va a controlar

Tucumán ya cuenta con su propia ley para aplicar el régimen penal juvenil. El Poder Ejecutivo provincial promulgó la Ley N.º 10011, que salió publicada este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial N.º 31305 y que organiza cómo se ejecutan y supervisan las medidas y penas para adolescentes en conflicto con la ley penal.

La Legislatura la había sancionado el 30 de septiembre. Con esa firma, la provincia se adecua a la reforma que el Congreso nacional aprobó este año y que bajó de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.

Qué cambió a nivel nacional

El punto de partida es la Ley Nacional N.º 27801. El Senado la aprobó el 27 de febrero y el presidente Javier Milei la promulgó por el Decreto 138/2026. La norma reemplazó al régimen de la Ley 22278, que regía desde 1980, y obligó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adaptar sus normas procesales y administrativas a los nuevos principios y garantías.

El cambio central: los adolescentes de entre 14 y 17 años pueden ser sometidos a responsabilidad penal cuando se les atribuya un delito. La legislación incorporó garantías procesales, operadores especializados, medidas alternativas y criterios diferenciados respecto del sistema para adultos, además de mecanismos de asistencia a las víctimas.

Después, el Gobierno nacional reglamentó la ley con el Decreto 875/2026, del 4 de septiembre. Allí designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y armó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio de coordinación con las jurisdicciones provinciales.

El Cuerpo de Supervisores y el “Cura Brochero”

La ley tucumana tiene dos piezas centrales. La primera es la creación de un Cuerpo de Supervisores, que quedará bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Su función será seguir y controlar las medidas judiciales que se dispongan en el marco del régimen juvenil.

La segunda es el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, que forma parte de la organización provincial para abordar a los adolescentes alcanzados por medidas y penas.

El esquema prevé intervención interdisciplinaria, con atención puesta en la educación, la salud, la contención y la reinserción social. La reforma no se agota en el cumplimiento de sanciones: también incluye herramientas para reducir la reincidencia y favorecer la integración social de los chicos alcanzados por el sistema penal.

Lo que falta para ponerlo en marcha

La aplicación efectiva de la norma exigirá organizar los equipos especializados, adecuar las instituciones involucradas y articular el trabajo entre el Poder Judicial y los organismos provinciales.

La ley deberá convivir con las competencias de la Corte Suprema de Justicia, los órganos judiciales especializados y las dependencias estatales que atienden a adolescentes en conflicto con la ley penal. Los desafíos que quedan por delante pasan por los recursos humanos especializados disponibles, la infraestructura institucional y la coordinación de las políticas de educación, salud y acompañamiento social.

Fuente: Contexto Tucumán.