Una grave denuncia por abuso sexual infantil que se remonta al año 2020 conmociona a la provincia y se reactiva ante la fuga del principal acusado: un médico identificado como Manuel Alberto Roldán. El profesional de la salud se encuentra prófugo de la Justicia tras desaparecer poco antes de la fecha del juicio oral en su contra. La familia de la víctima, junto a organizaciones sociales, exige su inmediata captura.
El caso se inició en 2020, cuando la víctima, que en ese entonces tenía siete años, le relató a sus padres haber sido abusada por Roldán, quien era la pareja de su tía. Tras la valiente confesión de la niña, la familia radicó la denuncia penal de forma inmediata. La investigación judicial avanzó y contó con una prueba fundamental: el testimonio de la menor en una Cámara Gesell. En esa instancia, un equipo de especialistas concluyó que el relato de la víctima era veraz, y dicho informe se convirtió en una de las principales pruebas de cargo del expediente.
Manuel Alberto Roldán es un médico con una larga trayectoria de trabajo en diversas comunidades del interior tucumano. Fuentes allegadas a la causa expresaron su preocupación, ya que su profesión le habría permitido un contacto frecuente con otros niños y niñas, lo que genera un profundo temor sobre la posible existencia de otros casos que aún no han sido denunciados.
Intento de acuerdo y fuga
Durante el transcurso de la causa, y en un intento por frenar el proceso, la familia del acusado intentó negociar un acuerdo económico extrajudicial con los padres de la víctima para evitar que el caso llegara a juicio oral. La oferta fue rechazada de plano por la familia de la niña, que se mantuvo firme en su búsqueda de justicia. Sin embargo, cuando la fecha del debate ya estaba próxima, Roldán se dio a la fuga y desde entonces su paradero es desconocido.
Actualmente, el médico se encuentra prófugo. Testimonios aportados a la causa sugieren con fuerza que podría estar oculto en la localidad de Amaicha del Valle, en el oeste provincial, donde contaría con una red de vínculos personales y profesionales que podrían estar facilitando su ocultamiento y evasión de la Justicia.
La familia de la víctima, acompañada por organizaciones de defensa de los derechos de la niñez, exige que se emita y ejecute sin más demoras una orden de captura nacional. Piden que la causa avance y que el acusado finalmente rinda cuentas ante la Justicia por el grave delito que se le imputa.