La legisladora provincial Sandra Figueroa y su esposo, el destituido intendente de Juan B. Alberdi, Luis Campos, fueron procesados por la Justicia Federal en la causa que investiga una presunta “empresa criminal colectiva” dedicada a la asociación ilícita, lavado de activos y con vinculaciones al narcotráfico. Aunque no se les dictó prisión preventiva, el juez les impuso duras medidas restrictivas y un embargo millonario.
La resolución del juez federal José Manuel Díaz Vélez establece que el matrimonio conformaría el “sostén estructural” de una red delictiva que operaba desde el municipio. A Figueroa se le imputa el delito de lavado de dinero, agravado por su condición de funcionaria pública (fue intendenta entre 2015 y 2023), basándose en un incremento patrimonial desmedido, la tenencia de al menos siete vehículos de alto valor y la presunta compra de autos de alta gama con cheques oficiales de la municipalidad.
A pesar de la gravedad de los cargos, el juez dispuso que la legisladora continúe en libertad, amparada en sus fueros parlamentarios y en que la intervención del municipio limita su capacidad de entorpecer la causa. Sin embargo, le prohibió salir de la provincia y del país sin autorización, le impuso la obligación de presentarse en una comisaría cada quince días y le vedó todo tipo de contacto con otros imputados o testigos. Ante cualquier incumplimiento, el juez advirtió que podría ordenar su “inmediata detención”.
Además de las restricciones, la Justicia ordenó trabar un embargo sobre los bienes de Sandra Figueroa por la suma de 250 millones de pesos para garantizar las responsabilidades del proceso. A diferencia de la pareja, otros exfuncionarios implicados en la misma causa, como José Roldán y José Albano Loru, fueron procesados con prisión preventiva.
La causa, que se inició por una denuncia del diputado Roberto Sánchez en 2023 a raíz de testimonios de vecinos, también vincula a Figueroa con una presunta confabulación para el narcotráfico, a partir de un audio viral y de sus registros de viajes a Bolivia. Una vez que la medida quede firme, la Legislatura de Tucumán será notificada formalmente sobre la situación procesal de la parlamentaria.