Un relevamiento nacional sobre las declaraciones juradas de los miembros de la Cámara de Diputados de la Nación puso bajo la lupa el patrimonio de los nueve legisladores que representan a Tucumán, revelando una suma conjunta que supera los $2.135 millones. El informe, basado en datos publicados por el sitio Chequeado, muestra al radical Roberto Sánchez como el más acaudalado, mientras que la diputada Paula Omodeo figura como incumplidora ante la Oficina Anticorrupción.
El ranking de los patrimonios tucumanos está encabezado por el diputado radical Roberto Sánchez, candidato a renovar su banca, quien declaró bienes por un total de $733,7 millones. Le siguen de cerca dos legisladores de Unión por la Patria: Pablo Yedlin, con un patrimonio de $480,2 millones, y Carlos Cisneros, quien declaró $465,7 millones. En ambos casos, el informe destaca que sus inversiones y tenencias superan los $200 millones.
Más atrás en la lista se ubican los tres diputados del bloque jaldista Independencia: Agustín Fernández con $228,7 millones, Elia Fernández de Mansilla con $107,4 millones y Gladys Medina con $54,7 millones. El relevamiento periodístico advierte sobre una particularidad en las declaraciones de Medina y Fernández, quienes informaron poseer inmuebles con una superficie de apenas 1 m², lo que genera serias dudas sobre la precisión y la veracidad de los datos presentados.
Irregularidades y grandes contrastes
La lista continúa con Mariano Campero (Liga del Interior), quien informó un patrimonio de $53,8 millones, aunque de manera llamativa no declaró tener propiedades a su nombre. En el extremo opuesto a Sánchez, el diputado libertario Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) figura como el de menor patrimonio, con $11 millones declarados, incluyendo una vivienda modesta en Alderetes.
El caso más resonante por su irregularidad es el de Paula Omodeo (CREO), quien es señalada como incumplidora por la Oficina Anticorrupción al no haber presentado su declaración jurada, a pesar de que el plazo legal para hacerlo venció el 31 de julio de 2024.
El informe subraya la notoria distancia entre el patrimonio de algunos legisladores —compuesto por extensas propiedades rurales, vehículos de alta gama y depósitos en dólares— y la realidad económica de la mayoría de los tucumanos. A nivel nacional, la situación de incumplimiento también es preocupante, ya que uno de cada cinco diputados no cumplió con su obligación de presentar la declaración jurada.