Los pozos que abastecen a Tupungato vienen acumulando fallas y el propio municipio reconoce que podrían dejar de funcionar. La ordenanza que declara la emergencia ya está vigente, pero nadie explicó todavía cuánto costará ni cuándo empezarán las obras.
El Concejo Deliberante de Tupungato dio luz verde a una medida que busca ganar tiempo frente a un problema que ya no admite demoras: las perforaciones que proveen de agua potable y de riego a buena parte del departamento presentan un deterioro crítico y, según el propio diagnóstico oficial, podrían colapsar si no se interviene a tiempo.
La declaración de emergencia hidráulica y de servicios de agua subterránea quedó formalizada a través de la Ordenanza N° 38/26, sancionada el 30 de octubre. La norma tendrá una vigencia inicial de 180 días corridos desde su promulgación, con la posibilidad de sumar otros 90 días si la situación lo exige.
El objetivo declarado es acelerar las reparaciones y el mantenimiento de una infraestructura que viene acumulando fallas y que resulta clave para la vida cotidiana de las localidades tupungatinas.
Qué encontraron en los pozos
Los fundamentos de la ordenanza describen un cuadro delicado. La red de pozos y perforaciones municipales muestra un desgaste severo de sus componentes electromecánicos, motores sumergibles que ya cumplieron su vida útil y estructuras de entubado que se van sedimentando con el paso del tiempo.
A eso se le suman las condiciones hidrogeológicas: los informes técnicos preliminares citados en la norma registran descensos en los niveles estáticos y dinámicos de los acuíferos, con variaciones que complican el funcionamiento normal de las perforaciones.
También se detectaron fallas reiteradas en los tableros eléctricos, producto de las fluctuaciones de tensión de la red. El resultado es concreto: menos caudal y menos presión en el agua que llega al sistema de distribución.
El documento es explícito al advertir que, sin trabajos especializados, existe un riesgo inminente de colapso de las perforaciones activas. Si eso ocurre, quedaría inutilizada infraestructura pública cuya reposición demandaría un esfuerzo económico considerable.
El problema golpea con más fuerza en los distritos rurales y en las zonas más alejadas del departamento, donde un corte prolongado del suministro afectaría a familias, escuelas, centros de salud y actividades productivas.
Compras directas y cambios en el presupuesto
Uno de los puntos centrales de la ordenanza es que habilita al Departamento Ejecutivo Municipal a recurrir a procedimientos simplificados y contrataciones directas para ejecutar las reparaciones.
Durante la emergencia, el Municipio podrá contratar bienes, obras y servicios sin quedar atado a los límites de monto que normalmente obligan a llamar a licitación pública. La autorización abarca desde el reemplazo de electrobombas y la reparación de motores hasta el entubado y reencamisado de perforaciones, la adecuación de tableros eléctricos y el mantenimiento general de los pozos.
La lógica que sostiene la medida es que los trámites administrativos habituales podrían demorar intervenciones urgentes y agravar los problemas de abastecimiento.
La norma también faculta al Ejecutivo a reestructurar y reasignar partidas del presupuesto municipal vigente para financiar las tareas prioritarias. Esas facultades extraordinarias, aclara el texto, deberán usarse exclusivamente para atender la emergencia y respetar los principios de transparencia, eficacia y concurrencia.
Cómo se controlará el uso de los recursos
La declaración incorpora mecanismos de seguimiento sobre el destino del dinero público. El Departamento Ejecutivo deberá presentar informes mensuales al Concejo Deliberante, con documentación detallada sobre las intervenciones realizadas y los gastos efectuados mediante las contrataciones excepcionales y las modificaciones presupuestarias.
Cualquier prórroga de la emergencia, además, tendrá que estar respaldada por una justificación técnica y operativa presentada ante el cuerpo legislativo.
La decisión deja al descubierto la vulnerabilidad de una infraestructura esencial para Tupungato y plantea un desafío para la gestión municipal: recuperar la capacidad operativa de los pozos y sostener la continuidad del servicio antes de que las fallas generen consecuencias mayores.
Por ahora, la ordenanza no precisa el monto que demandarán las reparaciones, cuántas perforaciones están comprometidas ni un cronograma concreto para ejecutar las obras.