Un abogado de ATE Salta analizó el retiro voluntario de Milei y fue tajante: “Ni loco aceptaría”

El abogado laboralista y dirigente de ATE Salta Esteban Oscar Cabrini puso el régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional bajo la lupa y no dejó margen para la duda: su recomendación es no adherir. Lo hizo en diálogo con Efecto Dominó, por Radio LUP.

Su planteo central es que la propuesta se vende como una chance de cobrar un dinero extra para dejar el Estado, pero no ofrece ninguna garantía de trabajo después. En un contexto de empresas que cierran, familias endeudadas y un mercado laboral difícil, el riesgo de quedar afuera es alto.

“Es una extorsión legal”

Cabrini no dudó al calificar la iniciativa. Para él, la oferta esconde una trampa: el dinero aparece como oportunidad, aunque no asegura una salida laboral para quien decide abandonar su puesto.

El dirigente trazó un paralelismo con los retiros y programas de reducción del Estado que se aplicaron en los años 90. En aquel entonces, recordó, muchos trabajadores usaron el dinero para cubrir gastos cotidianos y después se quedaron sin empleo y con serias dificultades para volver al mercado.

“¿Qué hacés con esa plata?”, preguntó Cabrini. El monto puede resultar tentador en un primer momento, admitió, pero no siempre alcanza para montar un emprendimiento que sostenga a una familia.

A eso sumó el escenario económico actual: deudas, negocios que bajan la persiana y menos chances de encontrar una nueva fuente de ingresos.

Qué pasa en Salta con los organismos nacionales

El dirigente aclaró que el régimen abarca a los trabajadores de la Administración Pública Nacional y no a los empleados provinciales ni municipales. Sin embargo, advirtió que la medida puede sentirse en Salta a través de las dependencias nacionales que funcionan en la provincia, como la ANSES.

Según afirmó, unos 30 trabajadores de ese organismo ya se habrían acogido a retiros anteriores y sus puestos nunca fueron cubiertos. Para Cabrini, esa reducción de personal termina golpeando la atención que reciben los ciudadanos.

También sostuvo que quienes decidan no adherir podrían quedar expuestos a otros mecanismos de reorganización del Estado, como la disponibilidad. Las consecuencias, aclaró, dependen de los procedimientos y las normas que se apliquen en cada caso.

El abogado cuestionó además la legalidad de algunos puntos de la política oficial y la calificó de inconstitucional. Se trata de su interpretación jurídica, aclaró, y no de una declaración de inconstitucionalidad dictada por la Justicia.

“Ni loco aceptaría”

Al explicar su postura, Cabrini fue directo y aconsejó a los trabajadores analizar con cuidado las consecuencias antes de tomar una decisión.

Consideró que recibir una suma de dinero no compensa la pérdida de un ingreso estable, sobre todo cuando no hay garantías de conseguir otro empleo.

“Ni loco aceptaría”, resumió. También definió la propuesta como un “espejito de colores” y advirtió que el trabajador podría terminar sin empleo, sin una alternativa laboral asegurada y con dificultades para sostener sus gastos.