Un abogado de ex combatientes liquidó el fallo de la Corte: "Como un cangrejo"

Jerónimo Guerrero Iraola, letrado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), salió a cruzar la rectificación de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y la calificó como una maniobra institucionalmente degradante. Lo hizo en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, donde descartó de plano que haya motivos para festejar.

Consultado sobre si la resolución judicial generaba algún tipo de conformidad, el abogado rechazó esa lectura y apuntó directo contra el proceder de los magistrados. "La Corte retrocediendo para atrás como un cangrejo, de una forma haciendo un contorsionismo judicial que no es digno del rol que ostentan los ministros", disparó el representante de la entidad.

"Volteretas en el aire": el cuestionamiento técnico

Guerrero Iraola no se quedó en la chicana política y metió el dedo en la llaga doctrinaria. Según su análisis, los fundamentos que expuso el tribunal muestran inconsistencias sobre la naturaleza de las presentaciones y dejan dudas sobre el criterio procesal que se usó para revisar lo resuelto.

"Cuando uno lee la fundamentación, recién estaba leyendo la resolución, no queda claro entonces si las causas son análogas o no lo son, si hay caso o no hay caso. Están haciendo volteretas en el aire", remarcó.

El letrado también puso la lupa en cómo se armó el tribunal para resolver la causa Árbol de Pie, donde intervinieron los tres miembros habituales junto a dos conjueces convocados especialmente. Para él, ese viraje improvisado deja a la vista dificultades insalvables para sostener técnicamente el cambio de criterio, algo que compromete la solidez jurídica de la máxima instancia del país.

El impacto sobre el DNU 70/23 y el Congreso

El análisis del abogado del CECIM también abordó las derivaciones políticas. A su entender, el máximo tribunal advirtió las consecuencias institucionales que generaba su decisión justo cuando el Congreso debate el megadecreto desregulador que firmó el Poder Ejecutivo.

"El problema principal que advierten los tres magistrados que componen la Corte, más allá de los dos conjueces que han sido citados para entender en el caso Árbol de Pie, es que han dejado el campo arado para la discusión parlamentaria del DNU 70 del 2023", explicó.

En esa línea, interpretó que la marcha atrás fue una maniobra apresurada de contención política: "Me parece que frente a esto han saltado sobre la granada de una forma, ya te digo, desde el derecho al menos muy objetable, independientemente de que han repuesto hoy la vigencia de la Ley de Tierras".

Previsibilidad jurídica y reclamo social

Aunque la determinación restableció la vigencia de la Ley de Tierras, el abogado del CECIM sostuvo que la forma de proceder dinamitó la certeza que debe emanar del sistema de justicia. Señaló que estas idas y vueltas desgastan la confianza pública y atentan contra las garantías procesales básicas.

"Están jugando con la previsibilidad jurídica de una forma la verdad muy desprolija, muy impropia de lo que debe ser la máxima magistratura", puntualizó. Y contrastó esa definición con lo que había ocurrido días antes con su propia presentación: "Han andado marcha atrás con sus propios actos, han advertido lo impropio de la sentencia de la semana pasada en nuestra causa, en la causa CECIM".

Hacia el cierre de su intervención, Guerrero Iraola denunció una "falta total de conexión con los reclamos populares y con lo que viene sucediendo en nuestra Argentina". Y concluyó que, más allá del resultado formal, el episodio constituye "un hito jurídico sin lugar a dudas, pero en presencia de un acto oprobioso por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".