Un abogado denunció que la denuncia de espionaje en Santa Cruz supera los límites de la democracia

El abogado Fernando Tanarro calificó como “absolutamente grave” la denuncia de espionaje que involucra al jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen, y advirtió que la situación excede los límites de un Estado democrático.

En una entrevista con el programa La Bisagra de Tiempo FM, el letrado remarcó que no se puede minimizar que el segundo funcionario en la línea de mando del Poder Ejecutivo afirme ser vigilado y tema por la integridad de su familia.

Tanarro respaldó la iniciativa parlamentaria para interpelar al ministro de Seguridad y a la Jefatura de la Policía en la Legislatura provincial. Sostuvo que la ciudadanía común queda en absoluta desprotección si desde las estructuras del propio Estado se naturalizan estas prácticas ilegales.

Medida cautelar por la jubilación de magistradas

Durante la entrevista, el abogado también se refirió a la causa por la jubilación compulsiva de tres magistradas provinciales. Confirmó que la Justicia otorgó una medida cautelar por 60 días que suspende los efectos del decreto provincial, prohíbe el cese en sus funciones y frena cualquier intento de designar reemplazos.

Tanarro denunció un “avasallamiento” sistemático sobre el Poder Judicial a través de presiones como pedidos de jurado o juicios políticos contra fallos desfavorables. Según su mirada, esa maniobra busca debilitar la independencia de los jueces y generar un blindaje de impunidad a favor del Poder Ejecutivo.

Cuestionamientos a las designaciones

Por último, el letrado cuestionó duramente los criterios de designación en los organismos de control y altos tribunales, señalando que priman los favoritismos políticos por sobre los méritos académicos.

En particular, catalogó como una aberración institucional que la exministra de Economía, Marilina Jaramillo, haya asumido la presidencia del Tribunal de Cuentas para auditar su propia gestión, incurriendo en una presunta violación a la Ley de Ética Pública.

Tanarro sumó a la controversia el hecho de que Jaramillo ni siquiera reside en Río Gallegos —presumiblemente viviendo en Córdoba—, lo que vuelve imposible y desprolija la revisión presencial de los expedientes del Estado.