Un abogado quedó detenido en Orán y adentro de la camioneta había algo que lo complica

Un abogado de 56 años, oriundo de Haedo, partido de Morón, fue imputado en Orán por el transporte de 32 kilos de cocaína y quedó con prisión preventiva por un mes. El hombre, identificado por sus iniciales D.G.G., ya tiene una condena anterior por narcotráfico.

La causa está en manos de la Sede Fiscal Descentralizada Orán y arrancó el sábado 3 de octubre, después de un operativo policial que terminó con la droga encontrada en una camioneta abandonada a orillas de un río, en la localidad de Isla de Cañas.

La imputación la formalizó el miércoles pasado el fiscal federal Marcos Romero, titular de la sede, en una audiencia ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández. También intervienen por el Ministerio Público Fiscal el auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia y la instructora Analía Cabral Castellanos.

El llamado al 911 que encendió la alarma

Todo empezó alrededor de las 15.30 del sábado 3 de octubre. Una mujer que trabaja en la vía pública llamó al 911 para alertar sobre lo que estaba pasando en inmediaciones de las calles Alvear y Alberdi, en plena ciudad de Orán.

Según su relato, varias personas que se movilizaban en una camioneta de alta gama habrían abordado a un hombre con armas de fuego, lo habrían obligado a subir a otro vehículo y después se habrían ido hacia la ruta nacional 50.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido: los involucrados se movían en dos camionetas, una Volkswagen Amarok y una Toyota Prado. Con ese dato, los policías se fueron hacia la ruta provincial 18, en dirección a Isla de Cañas, y entraron por un camino alternativo que lleva a un río de la zona.

Ahí encontraron la Amarok con el motor encendido y las puertas abiertas. En el asiento trasero había dos bultos con varios paquetes adentro. Las pruebas posteriores confirmaron que se trataba de 32 kilos de cocaína.

El abogado llegó tres minutos después

La investigación dio un giro apenas tres minutos después del hallazgo. Los policías vieron llegar a la zona la Toyota Prado, que venía del sector del río. La manejaba el abogado, que quedó detenido en el lugar.

En la inspección de la camioneta también secuestraron dos teléfonos celulares. Además, los investigadores detectaron un corte en el piso del vehículo, a la altura del tanque de combustible, un elemento que quedó incorporado a la causa.

Qué dijo el abogado ante la Justicia

Después de la imputación, D.G.G. hizo un descargo y negó tener relación con los 32 kilos de cocaína que aparecieron en la Amarok.

Contó que desde hacía varios años viajaba a Orán y Aguas Blancas y que cruzaba a Bolivia para comprar celulares y otros artículos para revender. Sobre el día del procedimiento, sostuvo que había viajado a la zona para encontrarse con una persona detenida en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes. Antes de hacerlo, según su versión, había decidido comprar teléfonos para revender.

El acusado también vinculó lo sucedido con un supuesto ajuste de cuentas por un negocio inmobiliario que no se concretó. Dijo que una persona conocida del lado boliviano de Bermejo quería comprar una vivienda de tres pisos en el barrio porteño de Liniers y que le había pedido una presentación legal para asumir la posesión del inmueble.

Según su relato, la operación se frustró después de que la persona que transportaba los 70.000 dólares acordados fuera víctima de un robo. El supuesto comprador lo habría responsabilizado y amenazado con atacarlo si volvía a Orán.

La hipótesis del supuesto secuestro

El abogado aseguró además que el episodio denunciado al 911 estaba relacionado con esa disputa. Según su versión, cinco personas armadas y encapuchadas lo habrían golpeado, amenazado de muerte y llevado hacia la zona del río.

También sostuvo que sus presuntos captores amenazaron con incendiar su camioneta mientras él estaba adentro y que finalmente cruzaron el río y se retiraron sin explicarle por qué.

La fiscalía cuestionó varios puntos de su relato y señaló que presentó contradicciones sobre algunos tramos del recorrido y sobre lo que pasó en las inmediaciones del lugar donde se encontró la droga.

Prisión preventiva por un mes

El fiscal Romero sostuvo que las características del procedimiento, la cantidad de droga secuestrada y los antecedentes del imputado justificaban mantenerlo privado de su libertad. También planteó que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La defensa cuestionó la imputación, sostuvo que el hombre había sido víctima de un secuestro y pidió que, en lugar de seguir detenido en una unidad penitenciaria, se le concediera el arresto domiciliario.

La jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, rechazó el planteo y dispuso la prisión preventiva por un mes. La defensa impugnó la resolución y el caso pasó a la Sala II, integrada por los jueces Mariana Catalano, Alejandro Castellanos y Ernesto Solá. Allí volvió a sostenerse que el abogado no tenía vinculación con la droga y que había sido víctima de un secuestro.

La fiscalía se opuso otra vez al arresto domiciliario y remarcó que todavía hay medidas de prueba pendientes, entre ellas el análisis de los teléfonos celulares secuestrados.

Finalmente, el tribunal confirmó la prisión preventiva por un mes, mientras la investigación sigue para determinar cómo se organizó el traslado de la cocaína y cuál habría sido la participación del acusado.