Un abogado y su defensa desesperada: la causa que sacude los cimientos de la Justicia Federal

La investigación por un presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán se encuentra en un momento crucial. El juez federal subrogante José Manuel Díaz Vélez, del Juzgado N° 2, debe definir en breve cuándo citará a declaración indagatoria al abogado Luis Alejandro Ontiveros, en una causa impulsada por el fiscal federal Agustín Chit.

El expediente se abrió el 29 de abril de 2025, tras la denuncia presentada por Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe de investigaciones de la actual ARCA (ex AFIP). Según su relato, Ontiveros —a quien identificó como “sobrino” del camarista Mario Leal— le habría ofrecido gestionar un fallo favorable para su hijo, Jerónimo Martínez Parada, procesado por lavado de activos en Catamarca, a cambio de una suma que oscilaba entre los 80.000 y 100.000 dólares.

¿Qué dice la defensa del abogado?

Frente a esa acusación, Ontiveros presentó un extenso descargo por escrito en el que niega cualquier conducta delictiva. Sostiene que su situación responde a una maniobra destinada a perjudicar a su esposa, la abogada y relatora Solana Casella, quien integra la terna para ocupar el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán con competencia electoral.

En su defensa, el letrado intentó desacreditar los encuentros denunciados por Martínez Salazar Pérez en bares de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, a los que calificó como una “ficción narrativa” construida sobre hechos reales distorsionados.

¿Qué pruebas presentó la defensa?

Para sustentar esa postura, el abogado aportó un análisis de antenas de telefonía que, según afirmó, demostraría que el denunciante no se movió de su oficina el 10 de marzo de 2023, fecha del primer supuesto encuentro. También cuestionó la veracidad de una segunda reunión, fechada el 15 de abril de 2025, al señalar inconsistencias en la identificación del vehículo que habría utilizado.

Según su versión, la patente aportada corresponde a una tercera persona sin vínculo con la causa, lo que consideró un error que expone fallas en la investigación.

¿Qué reconoce el abogado?

En relación al único contacto que reconoce —ocurrido el 21 de abril— Ontiveros sostuvo que se trató de una conversación estrictamente profesional vinculada a honorarios por asesoramiento legal. Afirmó que la referencia a “trabajar a resultado” estaba asociada al éxito de una estrategia jurídica, y no a la compra de decisiones judiciales.

¿Qué sostiene la fiscalía?

Sin embargo, la fiscalía mantiene una línea acusatoria firme basada en elementos obtenidos del teléfono celular del imputado. Entre ellos, se destaca una imagen que contendría información sensible sobre la causa de Martínez Parada, cuya metadata indicaría que fue generada cuando el expediente estaba bajo análisis de la Cámara Federal de Tucumán.

El dato relevante, según el Ministerio Público, es que la captura exhibe referencias a un sistema de correo oficial del Poder Judicial de la Nación, lo que sugiere que habría sido obtenida desde un entorno institucional y luego compartida con Ontiveros.

¿Qué otras sospechas existen?

A esto se suma otra sospecha planteada por la fiscalía: la eliminación de cuentas de mensajería como WhatsApp y Telegram antes del secuestro del dispositivo. El abogado rechazó esa imputación y denunció una posible irregularidad en la cadena de custodia, al señalar que el borrado se registró cuando el teléfono ya estaba en poder de las fuerzas de seguridad.

¿Qué papel juega el camarista Mario Leal?

El vínculo con el camarista Mario Leal también ocupa un lugar central en el expediente. Ontiveros defendió el uso de tarjetas de crédito y vehículos del magistrado como parte de una dinámica familiar compartida, negando que exista una contraprestación ilícita. En cambio, desde la fiscalía se advierte sobre la cercanía entre ambos, señalando incluso que la vivienda del abogado figura vinculada patrimonialmente al camarista.

¿Qué dice la querella?

Mientras tanto, la querella, representada por Juan Andrés Robles, sostiene que las pruebas recolectadas —entre ellas registros de geolocalización y comunicaciones— son contundentes y que la estrategia defensiva apunta a demorar el avance del proceso.

En este escenario, la decisión de Díaz Vélez sobre la fecha de la indagatoria aparece como el próximo hito clave en una causa que no sólo compromete a un abogado, sino que también proyecta su impacto sobre el funcionamiento interno de la Justicia Federal. La expectativa crece en un expediente que mantiene bajo sospecha a uno de los ámbitos más sensibles del sistema judicial tucumano.