Un abogado y una mujer en la mira: la Justicia amplía la acusación por una red de estafas con pagarés en Salta
¿Sabías que una simple firma en blanco podía terminar en un embargo? La Justicia de Salta amplía la acusación contra un abogado y una mujer, y suma dos imputados más. Enterate de los detalles de esta maniobra que afectó a decenas de personas.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta sumó nuevos cargos contra un abogado y una mujer, e incorporó a otros dos imputados en una causa que investiga presuntas estafas procesales con pagarés. La maniobra habría derivado en embargos a personas que nunca fueron notificadas de los juicios en su contra.
La ampliación de la imputación fue dispuesta por la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio, y la audiencia fue encabezada por la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni. La investigación se originó a partir de informes remitidos por los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos, que detectaron irregularidades en expedientes patrocinados por un mismo letrado.
¿Cuáles son los nuevos cargos?
El abogado, principal acusado, ahora enfrenta una imputación ampliada como presunto coautor de 64 hechos de estafas procesales reiteradas, 24 hechos en concurso ideal con falsificación de instrumento privado y 50 hechos en concurso ideal con abuso de firma en blanco.
La mujer, también alcanzada por la ampliación, quedó imputada por 48 hechos de estafas procesales reiteradas, 22 hechos en concurso ideal con falsificación de instrumento privado y 48 hechos en concurso ideal con abuso de firma en blanco.
Además, la Fiscalía imputó a otros dos hombres por su presunta participación en distintos procesos ejecutivos bajo investigación: uno deberá responder por 14 hechos y el otro por seis.
¿Cómo habría funcionado la maniobra?
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían utilizado pagarés presuntamente adulterados o completados de manera irregular para iniciar juicios ejecutivos contra distintas personas. Varios denunciantes aseguraron haber firmado pagarés en blanco que luego fueron completados con información que desconocían, mientras que otros directamente negaron haber firmado los documentos.
La Fiscalía sostiene que en numerosos expedientes se consignaban domicilios incorrectos o ajenos a los demandados, lo que impedía que las personas fueran notificadas y pudieran ejercer su derecho de defensa. Como consecuencia, algunas víctimas sufrieron embargos sobre sus salarios y bienes sin haber tenido conocimiento de las actuaciones judiciales.
¿Cómo comenzó la investigación?
La causa se inició cuando los titulares de los cuatro Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos detectaron diversas anomalías en expedientes patrocinados por un mismo letrado, como la reiteración de domicilios utilizados para distintos demandados. A partir de esas observaciones, la UDEC incorporó nuevos expedientes, tomó declaraciones testimoniales y recibió nuevas denuncias penales.
La investigación continúa en marcha para determinar el alcance total de las presuntas maniobras y establecer si existen más personas involucradas.
