Un acuerdo de U$S 100.000 y un camarista: la defensa de Ontiveros busca voltear el procesamiento

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán tiene en sus manos el futuro judicial de Luis Alejandro Ontiveros, acusado de pedir entre U$S 80.000 y U$S 100.000 a cambio de influir en una causa por estafas piramidales. La defensa, encabezada por Miguel Ángel Pierri y Martín Montalto, pidió anular el procesamiento y sobreseer al imputado.

Los jueces subrogantes Abelardo Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl deberán decidir si confirman, modifican o revocan la resolución del juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien el 2 de junio dictó el procesamiento sin prisión preventiva. En esa instancia, se le atribuyeron a Ontiveros dos hechos de tráfico de influencias agravado y violación de medios de prueba, en concurso real, con un embargo de $100 millones.

¿Qué se le imputa a Ontiveros?

La investigación comenzó por la denuncia de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP. Según su relato, Ontiveros le exigió pagos en dólares a cambio de favorecer la situación procesal de su hijo, Jerónimo Martínez Parada, investigado en Catamarca por presuntas estafas piramidales y lavado de activos.

Los presuntos ofrecimientos y encuentros habrían ocurrido entre marzo de 2023 y abril de 2025. Ontiveros habría prometido incidir en las decisiones de la Cámara Federal de Tucumán sobre el auto de mérito y la eventual prisión preventiva del hijo del denunciante. Para darle credibilidad a sus ofrecimientos, habría usado su cercanía con el camarista Mario Rodolfo Leal.

¿Qué rol juegan los familiares?

La hipótesis fiscal señala que Ontiveros se apoyaba en la posición de sus familiares dentro de la vocalía de Leal. Su esposa, Solana Casella, es relatora exclusiva del magistrado, y sus hermanos Gustavo y Mario Ontiveros son secretarios privados. El fiscal federal Agustín Chit sostuvo que Ontiveros comercializaba un supuesto acceso privilegiado a decisiones judiciales reservadas.

Los argumentos de la defensa

Los abogados cuestionaron que la Fiscalía presentara solo datos contextuales como prueba. Señalaron que el juez consideró que los argumentos defensivos “no resultan atendibles ni creíbles”, pero no explicó por qué las pruebas de descargo no generaban duda razonable. Para Pierri y Montalto, las reuniones, los impactos de antenas o los movimientos de vehículos no demuestran un acuerdo ilegal.

“Ninguna de esas circunstancias prueba que mi asistido haya solicitado dinero, recibido dinero o aceptado promesa alguna para hacer valer indebidamente influencias sobre un funcionario público”, sostuvieron. Además, remarcaron que el hecho de que dos personas se hayan reunido no revela el contenido de la conversación.

El primer hecho cuestionado

Sobre el episodio del 10 de marzo de 2023, la defensa alegó que el expediente de Martínez Parada aún no tramitaba en la Cámara Federal de Tucumán. “Al mediodía no había fallo que apelar; la causa no había llegado a la Cámara Federal de Tucumán”, argumentaron. También impugnaron los informes de antenas de la Policía Federal que ubicaban a las partes en los presuntos encuentros.

El misterio del auto

Otro punto de controversia es el episodio de abril de 2025, cerca de un bar. El denunciante dijo inicialmente que había subido a un Toyota Corolla Cross con dominio AF397CU, perteneciente a una persona ajena al expediente. Durante la investigación, ese vehículo habría sido reemplazado por otro con patente AF611UM. “Si no existe un auto en cuyo interior se realizaron las conductas delictivas, entonces sencillamente tampoco existieron esas conductas”, afirmaron los letrados.

La negociación de honorarios

En cuanto al encuentro del 21 de abril de 2025, la defensa sostuvo que las conversaciones pudieron ser una negociación de honorarios profesionales. No hay registros con referencias explícitas a una maniobra ilícita, y en el teléfono de Ontiveros no se hallaron menciones al expediente, a sumas en dólares, a Casella ni a Leal.

La violación de medios de prueba

El procesamiento también incluye la acusación de haber desinstalado WhatsApp y Telegram durante una requisa el 4 de junio de 2025. La defensa sostuvo que Ontiveros estaba materialmente imposibilitado de hacerlo y pidió revocar ese tramo.

El embargo y las medidas

Impugnaron el embargo de $100 millones por falta de fundamentación y proporcionalidad, y la prohibición de acercamiento a testigos por ser demasiado amplia.

¿Quiénes decidirán?

La integración habitual del tribunal fue apartada porque Leal aparece mencionado en el expediente. Fernando Poviña, Ricardo Sanjuán, Patricia Moltini y Marina Cossio se excusaron, por lo que la decisión quedó en manos de Basbús, Farías y Lilljedahl. Ahora, los jueces subrogantes deberán determinar si las pruebas alcanzan para sostener el procesamiento o si corresponde revocarlo y dictar el sobreseimiento.