Un adolescente entró a su escuela con un arma y lo que sucedió después dejó a una comunidad en shock

Dos episodios de violencia en escuelas argentinas, separados por más de mil kilómetros, conmocionaron al país. Un tiroteo fatal en Santa Fe y una investigación por abuso sexual en Mendoza revelan la gravedad de los conflictos en ámbitos educativos.

El lunes 30 de marzo de 2026 quedó marcado por dos graves incidentes ocurridos en instituciones educativas de Argentina. Los hechos, aunque distantes geográficamente, comparten un eje común: la violencia en contextos escolares.

¿Qué ocurrió en la escuela Mariano Moreno?

En San Cristóbal, Santa Fe, un adolescente de 15 años llevó una escopeta a la escuela Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. El ataque se produjo cerca de las 7.15, durante el izamiento de la bandera en el patio del nivel secundario.

El hecho terminó con la muerte de Ian Cabrera Núñez, de 13 años, alumno de primer año. Otros dos estudiantes resultaron heridos por perdigones, aunque se encuentran fuera de peligro. Varios jóvenes sufrieron cortes y golpes durante la huida, en escenas de desesperación donde algunos escaparon rompiendo vidrios o saltando cercos.

Según las primeras reconstrucciones, el agresor habría disparado en varias oportunidades con una escopeta que pertenecía a su entorno familiar. La situación fue controlada por un asistente escolar que logró reducirlo y quitarle el arma, evitando consecuencias aún más graves.

El atacante quedó detenido, pero las autoridades confirmaron que es un menor no punible, ya que la legislación vigente fija la imputabilidad a partir de los 16 años. La reforma que reduce ese umbral todavía no entró en vigencia.

El caso generó una fuerte conmoción en la ciudad santafesina, de unos 15 mil habitantes, donde “todos se conocen”. El municipio decretó 48 horas de duelo y el Gobierno provincial desplegó un operativo interministerial con participación de áreas de Educación, Seguridad, Salud y Niñez para asistir a las familias y a la comunidad educativa.

¿Qué sucedió en la escuela de La Paz?

En paralelo, ese mismo día, en Mendoza, la Justicia avanzó en una causa que también tuvo como escenario una escuela, pero con un trasfondo diferente.

El juez Ricardo Shulz resolvió dictar la prisión preventiva para un celador de 61 años, acusado de abuso sexual simple contra una adolescente que meses atrás había protagonizado un episodio que conmocionó a la provincia.

El caso se remonta al 10 de septiembre de 2025, cuando una alumna de 14 años, hija de un policía, ingresó armada con una pistola 9 milímetros a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, realizó disparos y se atrincheró durante varias horas dentro del establecimiento.

Tras una negociación que se extendió por más de cinco horas, la joven entregó el arma a efectivos policiales y fue trasladada al Hospital Notti, donde recibió atención médica y contención en salud mental.

En ese momento, el episodio fue interpretado como un caso de violencia escolar sin un motivo claro. Sin embargo, con el avance de la investigación, la causa tomó otro rumbo.

¿Cómo se descubrió el presunto abuso?

A partir de declaraciones realizadas en Cámara Gesell, la fiscal de delitos contra la integridad sexual Laura Nieto impulsó una investigación que derivó en la imputación del celador, cuya detención había sido ordenada días antes.

Las pruebas reunidas por el fiscal Héctor Rosas apuntan a que la adolescente habría sido víctima de abuso sexual en la modalidad de tocamientos dentro del ámbito escolar.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la joven llevó el arma aquel día con la intención de dispararle a su presunto abusador. Sin embargo, el hombre no se encontraba en la escuela, ya que tenía franco, lo que habría frustrado ese objetivo.

El imputado permanece bajo detención domiciliaria, una condición que se mantuvo tras el dictado de la prisión preventiva, medida que busca garantizar el avance del proceso judicial y evitar cualquier interferencia en la investigación.

Por su parte, la adolescente continúa bajo medidas de protección judicial, con seguimiento psicológico y cursando sus estudios mediante la modalidad de educación domiciliaria, en resguardo de su integridad.