El adolescente es heredero junto a sus hermanos, pero la Justicia advirtió que en la rendición de cuentas de los bienes administrados por su madre hubo un conflicto de intereses que lo dejó sin defensa. Qué resolvió la Cámara y qué pasa ahora.
La Sala IV de la Cámara de Apelaciones de Neuquén declaró la nulidad de las actuaciones en un proceso sucesorio y ordenó que se inicie uno nuevo. La razón: un adolescente de 17 años, declarado heredero junto a sus hermanos, no tuvo una representación adecuada en momentos decisivos del trámite. Así lo entendieron los camaristas tras un reclamo de la Defensoría del Niño y Adolescente.
El punto que encendió las alarmas fue la rendición de cuentas de los bienes que administró su madre, quien pretendía que se reconocieran los gastos realizados y los ingresos percibidos por el alquiler de varios departamentos. Esa presentación, fechada en marzo de 2025, se aprobó parcialmente sin que la Defensoría hubiera tenido participación en esa instancia.
El conflicto que complicó todo
La jueza Cecilia Pamphile advirtió que si bien la Defensoría había asumido una intervención complementaria, no se le dio intervención frente a la rendición de cuentas antes de que se dictara la resolución que aprobó parte de los movimientos. Para la Cámara, esa omisión era especialmente grave porque el adolescente tenía un interés propio en el resultado: la aprobación de gastos y la eventual fijación de un saldo a favor de su madre podían reducir el patrimonio de la sucesión y, con eso, la porción que le corresponde como heredero.
El fallo también puso el foco en la incompatibilidad de roles. La madre no podía representar correctamente a su hijo en un trámite cuyo objeto era examinar su propia gestión como administradora de los bienes. De ahí que los camaristas sostuvieran que debía garantizarse una representación independiente que resguardara los intereses del adolescente.
Qué dice el fallo sobre la Defensoría
La decisión se apoyó en los planteos de la defensora del Niño y Adolescente, Natalia Stornini, quien señaló deficiencias en el trámite judicial y en la protección de los derechos del menor. La Cámara consideró que las irregularidades comprometían sus intereses y que no podían corregirse sin dejar sin efecto lo actuado.
El fallo desarrolla además el alcance de la intervención de la Defensoría en los procesos que involucran a niñas, niños y adolescentes. Señala que su participación no se limita a controlar la actuación de los representantes legales, sino que debe ser oportuna y efectiva en todas las etapas en las que puedan verse comprometidos sus derechos. Esa intervención, sostiene, permite resguardar garantías como la defensa en juicio, el debido proceso, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y el derecho a ser oído.
Los camaristas razonaron que una intervención adecuada de la Defensoría frente a la rendición de cuentas podría haber permitido advertir las deficiencias que luego se señalaron en su dictamen. La falta de esa participación, sumada al conflicto de intereses y a la ausencia de una representación apropiada, fue lo que justificó la nulidad.
Qué deberá evaluar ahora el juzgado
La Cámara también tuvo en cuenta la edad del adolescente y su autonomía progresiva. Indicó que el juzgado deberá evaluar si cuenta con madurez suficiente para intervenir por sí mismo, con asistencia letrada, o si corresponde designarle un tutor especial que represente sus intereses. Con la nulidad declarada, el proceso sucesorio deberá empezar de nuevo y el adolescente tendrá otra oportunidad para hacer valer sus derechos.
