Un adolescente llevó algo a la escuela que dejó helados a todos: lo que pasó después sorprendió a la justicia

Un adolescente de 17 años recuperó la libertad tras una polémica decisión judicial que revocó su prisión preventiva, luego de que un arma fuera encontrada en su poder dentro de un establecimiento educativo. El caso, que involucró a un revólver calibre 38 y seis cartuchos, generó un intenso debate sobre las medidas aplicables a menores y las circunstancias que rodearon el hecho.

Todo comenzó el 7 de abril, cuando un compañero del acusado observó que, al intentar sacar un objeto del bolsillo de su pantalón, cayeron unas balas. El testigo alertó inmediatamente a las autoridades de la escuela, quienes denunciaron el caso a la Policía. Los uniformados se presentaron en el establecimiento educativo El Salvador, ubicado en el barrio San Cayetano de la capital tucumana, y lograron incautar el arma sin que se registraran incidentes mayores.

El revólver fue peritado por especialistas, quienes determinaron que era operativo y que las balas se encontraban en perfectas condiciones. Por esta razón, la auxiliar Jimena Castro, siguiendo las instrucciones del fiscal Mariano Fernández, decidió acusar al adolescente de tenencia de arma de guerra.

¿Qué dijo el acusado sobre el arma?

Frente a las acusaciones, el menor habría declarado, por recomendación de su defensor, que el arma no era suya. “Esa arma no es mía, me la encontré y la llevé para mostrarles a mis compañeros”, afirmó. Por su parte, el padre del adolescente, según confiaron fuentes judiciales, habría asegurado que el revólver se lo había entregado un amigo para que se lo cuidara y que su hijo se lo había sacado sin su autorización.

Los profesionales que atendieron al adolescente en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) informaron que no tiene antecedentes penales. Remarcaron que trabaja desde los 12 años como changarín en el Mercofrut y que no presenta problemas de adicción. Sin embargo, señalaron que demostró tener conductas poco comunes para su edad y que, por asumir responsabilidades laborales, no realiza actividades propias de su etapa de vida. Por esta razón, recomendaron que sea atendido por especialistas en salud mental.

¿Cómo reaccionó la justicia inicialmente?

La jueza Elizabeth Raddi aceptó que se le formularan cargos en su contra y le dictó prisión preventiva por 59 días. Consideró que este tiempo era suficiente para que el acusado fuera sometido a una serie de pericias para determinar el porqué de su conducta y para que recibiera atención de profesionales de salud mental. El adolescente fue trasladado al Instituto Cura Brochero, que funciona en el penal de Benjamín Paz. Su defensor impugnó el fallo de inmediato.

Sobre su entorno familiar, el equipo interdisciplinario indicó que sus padres no tienen antecedentes. El adolescente vive en el barrio Autopista Sur junto a sus cinco hermanos, una cuñada y su sobrino. Todos los hombres de la casa trabajan y aportan para la economía del hogar, y no perciben planes sociales, solo la asignación familiar por hijo.

¿Qué sucedió en la audiencia de revisión?

Ayer se realizó una audiencia para revisar el fallo de la magistrada Raddi, con una particularidad: se permitió que un representante de la Comisión Nacional contra la Tortura, del CAD y de la Dirección de Niños, Adolescencia y Familia (Dinaf) estuviera presente para dar su opinión sobre el tema. Aunque el debate fue privado, como establecen las normas cuando el acusado es menor, se pudo reconstruir que la jueza Laura Casas escuchó a todas las partes.

Todas habrían señalado que la medida de prisión preventiva era excesiva, argumentando que todo lo planteado por Raddi podía realizarse sin necesidad de privar de la libertad al adolescente. La magistrada escuchó a los especialistas y, pese a la férrea oposición del Ministerio Público, resolvió otorgarle la libertad.

¿Cuáles son las condiciones impuestas?

La jueza Casas dispuso que el adolescente quede al cuidado de sus padres y que una comisión, integrada por todos los referentes que participaron de la audiencia y por otro representante del Ministerio de Educación, evalúe su conducta hasta que se defina su situación procesal. El menor, que sigue procesado en la causa, deberá cumplir una serie de medidas mientras se avanza en la investigación.