Un alto funcionario tucumano deberá declarar ante la Justicia Federal por una maniobra con un documento ajeno
Un alto funcionario provincial fue imputado por la Justicia Federal. ¿Qué se investiga detrás del presunto uso de un documento que no era suyo y qué detalles clave encontró la fiscalía?
El secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, fue imputado y deberá prestar declaración indagatoria por el presunto uso ilegítimo del DNI de otra persona. La investigación apunta a que la identidad ajena se utilizó para crear una cuenta digital desde la cual se publicaron comentarios injuriosos. El juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez hizo lugar al requerimiento del fiscal Agustín Chit.
¿Cómo se descubrió la maniobra?
La causa se inició en agosto de 2025 tras una denuncia presentada por la apoderada legal de Julián Echazú Toneatti. El denunciante había extraviado su documento meses antes y tomó conocimiento del uso indebido cuando fue contactado por el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis.
Sangenis lo consultó por comentarios publicados bajo su nombre y número de documento, los cuales Echazú Toneatti negó haber realizado. Este contacto fue el punto de partida para que la Fiscalía iniciara una investigación que incluyó informes técnicos y periciales.
La prueba clave que vinculó al funcionario
Durante la investigación se reunieron elementos que permitieron reconstruir la operatoria. Una de las pruebas consideradas clave fue la determinación de que la suscripción digital desde donde se hicieron los comentarios había sido abonada con una tarjeta de crédito cuyo titular sería el propio Martín Viola.
Además, datos obtenidos de organismos nacionales revelaron una circunstancia llamativa: el imputado y el denunciante residían en el mismo edificio. El Ministerio Público Fiscal consideró que este dato podría explicar el acceso al documento extraviado y reforzar la hipótesis de una posible suplantación de identidad.
El encuadre legal y las posturas de las partes
El fiscal Agustín Chit sostuvo que la conducta investigada encuadra, en esta etapa, en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad previsto en la Ley 20.974. Su argumento es que el uso del DNI no se limita a su portación física, sino también a su empleo para generar efectos jurídicos, como la creación de cuentas bajo identidad falsa.
Por su parte, la parte denunciante rechazó cualquier posibilidad de conciliación y pidió que la causa avance hasta el esclarecimiento total de los hechos. Mientras tanto, la defensa del funcionario, a cargo de la abogada Celeste Salas, señaló que su representado “está a Derecho” y que aún no recibieron una notificación formal sobre la indagatoria.