Un asentamiento a 50 metros del nuevo Mercado de la Ciudad: qué planea el municipio

El asentamiento precario más céntrico de San Miguel de Tucumán se convirtió en el principal desafío urbano para la gestión municipal después de la reapertura del Mercado de la Ciudad (ex Sarmiento). Está ubicado sobre la calle Marco Avellaneda, entre avenida Sarmiento e Italia, pegado a las vías del Ferrocarril Belgrano, a seis cuadras de la plaza Urquiza y a escasos 50 metros del edificio comercial que volvió a funcionar tras permanecer clausurado 26 años.

El impacto en el entorno y las quejas de los vecinos

Según un informe del periodista Federico Türpe publicado por La Gaceta, la cercanía del asentamiento con el flamante centro comercial de avenida Sarmiento 1.247 despertó la preocupación de residentes y comerciantes de la zona. Quienes viven sobre la acera sur de Sarmiento al 1.200 denuncian derrames constantes de aguas servidas y un clima de inseguridad creciente que golpeó al mercado inmobiliario: en una sola cuadra ya hay tres inmuebles con carteles de venta por la abrupta caída del valor de las propiedades.

En materia de prevención, los vecinos señalaron que la intendenta Rossana Chahla dispuso cámaras de seguridad orientadas hacia el sector de las vías y asignó rondines policiales permanentes en la intersección. A pocos metros, frente al mercado, funciona un anexo del Ministerio Público Fiscal en el histórico inmueble de una exbodega, organismo que también tuvo que implementar una custodia fija las 24 horas para proteger a los empleados públicos, que no cuentan con estacionamiento propio y deben dejar sus autos en calles aledañas. A este escenario se sumará la congestión vehicular que atraerá el mercado, una problemática para la cual el municipio ya evalúa alternativas viales.

Reubicar no es erradicar: la postura del IPV

El titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), arquitecto Hugo Cabral, consideró que trasladar a las familias que ocupan la traza ferroviaria es totalmente factible si se hace con un trabajo coordinado con la administración capitalina. El funcionario provincial fue tajante al marcar una distinción técnica y ética: reubicar implica brindar una solución habitacional integral que contemple las necesidades básicas y de subsistencia de personas en extrema vulnerabilidad, mientras que erradicar significa simplemente desentenderse de su destino.

Cabral advirtió que no abordar una solución de fondo terminaría por opacar el esfuerzo municipal para recuperar el mercado. Además, describió la dura realidad nocturna de la zona gastronómica vecina, donde decenas de niños recorren los locales pidiendo comida o juntando sobras de los comensales, una dinámica que, según proyectó, tenderá a trasladarse de noche a los pasillos del nuevo polo comercial.

Riesgo sanitario extremo y el proyecto para ensanchar el puente

La directora de Planificación Urbanística de la Municipalidad, arquitecta Guadalupe Rearte, ratificó que el abordaje del asentamiento es de máxima prioridad para Chahla y confirmó que ya se abrieron conversaciones formales con el IPV. Según el último relevamiento municipal, en el lugar habitan 135 personas distribuidas en 28 casillas, construcciones que carecen de agua potable y pisos de material, y que están precariamente conectadas al tendido eléctrico. Eso configura un cuadro de riesgo sanitario crítico en pleno espacio público.

Para mitigar los cuellos de botella que generará el nuevo flujo de clientes y proveedores, la Municipalidad proyecta un rediseño del entorno de la plazoleta Mitre y el ensanche del puente ferroviario de avenida Sarmiento. Para esa obra de infraestructura clave, la jefa municipal ya pidió formalmente el respaldo financiero del gobernador Osvaldo Jaldo. Rearte reconoció que el paso peatonal sobre el puente es inseguro durante la noche y justificó que la renovación del alumbrado público se frenó a la altura de las vías para no duplicar costos ante la futura ampliación vial.

Seis décadas de conflictos jurisdiccionales y desalojos truncos

La ocupación de esos terrenos data de 1965 y su persistencia se explica por los constantes desacuerdos de jurisdicción entre el Estado nacional (administrador de las tierras del ferrocarril), el Gobierno provincial y el municipio. A lo largo de los años, ningún plan oficial logró resolver el problema habitacional. Lejos de frenarse, el asentamiento sumó recientemente casillas sobre el margen oeste, ubicadas de manera peligrosa entre los rieles y el muro perimetral del edificio judicial.

El predio tiene antecedentes de desalojos que no se sostuvieron en el tiempo. En 1976, la última dictadura militar implementó el llamado "Operativo limpieza", y en noviembre de 1995 la gestión provincial demolió casi todas las viviendas precarias y trasladó a 24 familias al barrio 11 de Marzo a través de la Fundación Esperanza. Sin embargo, cuatro familias quedaron fuera de esa entrega y permanecieron en el lugar, lo que sentó las bases para que los terrenos volvieran a poblarse progresivamente hasta extenderse hoy hasta la calle Italia.