Un cambio silencioso se gesta en los tribunales federales de Tucumán: ¿Qué pasará con las claves vacantes?
El Ministerio de Justicia nacional reactivó el proceso para cubrir cientos de cargos vacantes. En Tucumán, esto podría significar el fin de una era de subrogancias y la apertura de tribunales que llevan años esperando. Te contamos cómo este cambio silencioso podría reescribir las reglas del juego judicial en la provincia.
La Justicia Federal en Tucumán podría estar a punto de vivir una transformación histórica. El anuncio del Ministerio de Justicia de la Nación de reactivar el proceso para cubrir más de 200 cargos judiciales vacantes en todo el país pone el foco en una provincia donde el sistema funciona con una estructura incompleta, dependiendo de subrogancias y con organismos que nunca terminaron de arrancar.
El ministro Juan Bautista Mahiques confirmó que su cartera iniciará la verificación y actualización de los requisitos de las ternas existentes para destrabar las designaciones. Esto incluye revisar antecedentes penales y patrimoniales de los candidatos antes de habilitar el envío de los pliegos al Senado.
La medida busca poner fin a una parálisis que dejó cerca del 40% de los cargos judiciales federales del país sin titular. En Tucumán, el impacto de este desbloqueo podría ser inmediato y profundo, redefiniendo un mapa judicial que opera con limitaciones estructurales desde hace años.
Un juzgado fantasma que finalmente abrirá sus puertas
Uno de los cambios más esperados es la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal N°3, creado por ley en octubre de 2013 pero que nunca inició actividades. Aunque su titular, José Manuel Díaz Vélez, juró el 1 de diciembre de 2022, el tribunal carecía de sede.
Ese obstáculo se superó recientemente al definirse un inmueble en calle 9 de Julio 162, a pocas cuadras del Tribunal Oral Federal. El edificio ya tiene señalización y solo espera la habilitación formal de la Corte Suprema y la finalización de conexiones técnicas. Se estima que podría comenzar a operar entre agosto y septiembre.
Su apertura es considerada clave para aliviar una carga de trabajo monumental: el fuero federal tucumano tramita cerca de 100.000 causas anuales por narcotráfico, lavado, trata, fraude electoral y contrabando, entre otros delitos complejos.
El rompecabezas de los cargos vacantes
La situación actual muestra un sistema a medio hacer. El Juzgado Federal N°1, con competencia electoral, está vacante y es subrogado por un magistrado de Catamarca. Para cubrirlo, el Consejo de la Magistratura ya elevó una terna integrada por Carlos Ezequiel Oneto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Esther Casella.
El Juzgado Federal N°2 también carece de titular definitivo y fue atendido mediante subrogancias, incluidas las del juez Díaz Vélez. Por encima de ellos, la Cámara Federal de Apelaciones y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal completan el esquema, pero la fluidez del sistema se ve entorpecida por la falta de titulares en eslabones fundamentales.
En paralelo, también aguarda su inauguración la Fiscalía Federal N°3, que ya tiene designado un titular pero no inició actividades. Su puesta en marcha es vital de cara a la futura implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que otorgará a los fiscales el mando de las investigaciones.
La demora histórica en la consolidación de este entramado judicial se debió principalmente a la falta de espacio en el edificio de Las Piedras 418, sede tradicional. La definición de una nueva locación para el tercer juzgado fue el paso crucial para destrabar la situación.
De hecho, en 2025 el Gobierno de Tucumán realizó una donación de equipamiento y obras por hasta 35 millones de pesos para adecuar la nueva sede, cubriendo mobiliario, trabajos eléctricos y pintura.
Un impacto que va más allá de los cargos
La reactivación del proceso de designaciones a nivel nacional coloca a Tucumán en una encrucijada prometedora. Si el Ejecutivo avanza con las ternas ya elevadas, la provincia podría comenzar a cubrir vacantes clave no solo en los juzgados, sino también en el Tribunal Oral Federal y las fiscalías.
Este movimiento no solo modificaría el mapa institucional, sino que tendría un efecto directo y tangible en la velocidad y capacidad de respuesta del sistema. La lentitud en las investigaciones federales y las dificultades logísticas para organizar juicios orales son problemas crónicos atribuidos, en gran medida, a esta estructura incompleta.
Con la sede del nuevo juzgado prácticamente lista y el proceso de nombramientos nuevamente en agenda, la Justicia Federal tucumana se encuentra en la antesala de una etapa que promete mayor solidez y agilidad para enfrentar causas cada vez más complejas.
