Un club de San Martín estuvo diez años sin asambleas y ahora la Justicia le dio un golpe a los exdirectivos

El Gobierno de Mendoza rechazó el reclamo que las antiguas autoridades del Club Coronel Lorenzo Barcala, en San Martín, habían presentado para intentar revertir la intervención administrativa de la institución. La decisión quedó plasmada en el Decreto N.º 1918, firmado el 11 de septiembre y publicado este martes en el Boletín Oficial, que declaró "devenido en abstracto" el recurso de revocatoria.

Qué encontraron en el club

El conflicto se remonta a marzo de 2022, cuando un grupo de asociados pidió la intervención ante la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público. La denuncia describía un club que permanecía cerrado buena parte del tiempo, con instalaciones descuidadas y sin actividades sociales, culturales ni deportivas.

El punto más fuerte fue otro: durante una década no se habían realizado asambleas para elegir autoridades ni rendir cuentas. La última convocatoria había sido en 2012, por lo que la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas tenían sus mandatos vencidos. Los asociados también cuestionaron los balances, las cuentas de gastos y recursos y el padrón de votantes.

La Dirección de Personas Jurídicas constató un estado irregular en lo contable e institucional y señaló que no había evidencia de autoridades en ejercicio ni movimientos vinculados con la renovación de autoridades y el tratamiento de balances. El expediente recordó además que ya en 2010 existían actuaciones por irregularidades en la entidad.

La intervención y el reclamo de los exdirectivos

En diciembre de 2022, el Gobierno ordenó la intervención del club por seis meses y designó como interventor a Lucas Matías Beningazza. El plazo luego fue ampliado para permitir la realización de una asamblea de regularización.

Lorenzo Carmelo Arnal, Ciriaco Diomedes Agüero y Salvador Antonio Arnal se presentaron como presidente, secretario general y socio asesor del club, y recurrieron la decisión. Sostuvieron que las denuncias habían sido realizadas por personas que no eran asociadas, cuestionaron la fundamentación de la intervención y consideraron que la medida era desproporcionada. También afirmaron que el club continuaba funcionando y cuestionaron la actuación del interventor.

El Gobierno, en cambio, sostuvo que la documentación contable y legal acumulada durante años acreditaba "graves irregularidades" en el funcionamiento de la asociación, constatadas desde 2010.

Por qué se declaró abstracto el reclamo

La Dirección de Personas Jurídicas informó que el interventor había presentado su informe final y que no tenía conocimiento de acciones civiles o penales entre los integrantes de la asociación ni de otras medidas administrativas pendientes.

Por ese motivo, Asesoría de Gobierno consideró que ya no correspondía expedirse sobre el recurso. Así, el Decreto N.º 1918 declaró "devenido en abstracto" el reclamo y ordenó archivar las actuaciones.