Un congreso en Salta marca el rumbo de la nueva ley penal juvenil: los equipos que piden especializar

El IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil comenzó en Salta con más de 1.900 asistentes y un eje que atraviesa todo el nuevo sistema: la especialización como condición para que la ley funcione. Durante la apertura, el Asesor General del Ministerio Público Pupilar, Gaspar Solá Usandivaras, planteó que la respuesta estatal frente a los adolescentes en conflicto con la ley penal no puede improvisarse.

El encuentro, que se desarrolla en el salón Los Ceibos del Centro de Convenciones de Salta, es organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), el Foro Penal Juvenil, el Poder Judicial de Salta y las Escuelas de la Magistratura del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta.

Quiénes encabezaron la apertura

Solá Usandivaras participó del acto inaugural junto al vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; la Defensora General y titular del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Ada Zunino; el director académico de la Escuela de la Magistratura y juez de la Corte, Fabián Vittar; la presidenta de JuFeJus, Emilia María Valle; y la jueza en lo Penal Juvenil Nadia Cruz.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de sostener un trabajo interinstitucional, interdisciplinario y especializado para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entró en vigencia hace 25 días en todo el país.

El desafío de la Ley 27.801

El Asesor General se refirió a los retos que plantea la Ley 27.801 y reconoció que, más allá de las controversias que generó, el horizonte es su implementación eficiente. “Tenemos la responsabilidad de mirar hacia adelante para lograr una implementación eficiente, entendiendo que cuando un adolescente entra en conflicto con la ley penal estamos frente a una persona en desarrollo, sujeto de derechos, que debe ser abordada dentro de un sistema diferenciado y especializado, distinto del sistema penal de adultos”, sostuvo.

Para Solá Usandivaras, la especialización no puede limitarse a los operadores judiciales. “El desafío de la especialización no alcanza únicamente a los operadores judiciales. Me refiero también a la especialización de los equipos interdisciplinarios que están en territorio y constituyen un apoyo fundamental para la toma de decisiones orientadas a brindar respuestas integrales y adecuadas a cada caso”, señaló.

Articular dos sistemas que deben convivir

El funcionario enfatizó que un régimen penal juvenil debe ir de la mano con la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2005, y consideró que lograr una articulación adecuada entre ambos sistemas es uno de los principales desafíos.

También remarcó la necesidad de contar con sistemas de gestión que permitan medir las vulneraciones de derechos y las problemáticas que afectan a niños y adolescentes, para favorecer la detección temprana y las intervenciones oportunas del Estado. Según planteó, la Ley 27.801 conduce hacia un sistema especializado y diferenciado que debe brindar herramientas para prevenir la reincidencia.

Información para orientar políticas preventivas

En ese marco, el Asesor General propuso avanzar en políticas públicas preventivas acordes con las diversas problemáticas infantojuveniles de cada jurisdicción. Sostuvo que disponer de información sistematizada permitirá identificar los principales problemas, orientar las políticas preventivas y favorecer la detección temprana y la intervención oportuna del Estado y de los distintos actores sociales.

El congreso reúne a especialistas de todo el país bajo el lema “La especialización como garante de la paz social” y aborda distintos aspectos del sistema penal juvenil durante sus jornadas en Salta.