Un contratista lo tuvo 10 años viviendo en un rancho de silo bolsa: el final que nadie esperaba

César Antonio Girolami, contratista agropecuario de Federal, admitió ante la Justicia Federal que explotó laboralmente a un trabajador misionero durante una década en el establecimiento "Las Piedras", de la empresa Doña Inés S.A. El caso, uno de los más conmocionantes de trata laboral en Entre Ríos, terminó con una condena de tres años de prisión condicional y un pago de 22 millones de pesos a la víctima.

La resolución se firmó el 1° de octubre en el marco de un juicio abreviado, pero el acuerdo se había formalizado el 17 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Concepción del Uruguay, con la jueza subrogante Noemí Marta Berros a cargo.

Una vida de esclavo en el monte entrerriano

La historia de L.C.T. arrancó en 2010, cuando su hermanastro le presentó a Girolami, que buscaba manos para trabajar en la estancia Doña Inés, en el departamento Federal. Lo que encontró fue otra cosa: el contratista lo "depositó" en el paraje La Madrugada, a 15 kilómetros del casco de la estancia, en una zona inundable, sin agua potable, sin baño, sin luz eléctrica y con piso de tierra.

Allí vivía en una choza armada con dos palos enterrados y cubierta con silo bolsa. Sin muebles, sin utensilios, sin comida suficiente. La jueza Berros describió esas condiciones como "indignas e inhumanas".

El infierno salió a la luz el 15 de diciembre de 2021, cuando una delegación de la Secretaría de Trabajo llegó al campo tras la denuncia de dos empleados de esa dependencia que quedaron shockeados con lo que vieron. Gonzalo Cruz Olier, delegado departamental de Trabajo, relató en la causa: "Dejamos constancia de que se encontraba en condiciones indignas e inhumanas sin amparo ante las condiciones climáticas".

La víctima contó que vivía así desde 2011 y que su tarea era la tala de árboles para hacer postes de alambrado. Esa vida le dejó marcas en el cuerpo: en esos años sufrió la amputación de algunos dedos de una mano.

Dos días antes de Navidad de ese año, el 23 de diciembre, la estancia fue allanada por Gendarmería Nacional y personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Lo que declararon los compañeros

Varios trabajadores del campo fueron entrevistados y apuntaron directo contra Girolami como responsable de la situación de L.C.T. Dijeron que le pagaba "una miseria" que no le alcanzaba ni para comer y que además le descontaba plata para nafta y aceite de la motosierra.

También contaron que después del allanamiento, Girolami echó a la víctima del lugar. "Después de la inspección lo sacó y lo dejó afuera de la tranquera", declararon. Los compañeros se mostraban angustiados: sabían que el hombre no tenía familia y que estaba en abandono. Por eso le alcanzaban agua, comida y ropa.

El acuerdo y la letra chica de la condena

Girolami fue condenado por trata de persona mayor de 18 años con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, con abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima. La figura está prevista en el artículo 145 bis del Código Penal, según la Ley 26.364.

El detalle que generó polémica: la ley fue modificada en 2012 por la 26.842, que subió la escala penal, pero al contratista le aplicaron la que regía al momento de la captación y traslado, es decir, la más benigna. Esa escala iba de tres a seis años de prisión. Como no tenía condenas anteriores, le dieron el mínimo: tres años de prisión condicional. No pisará la cárcel.

Además, la Justicia le impuso reglas de conducta: fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

El acuerdo incluyó una reparación económica de 22 millones de pesos a favor de la víctima. La jueza Berros lo justificó: "A mi criterio, este aspecto de reparación del daño ocasionado por parte de quien, como Girolami, era quien se beneficiaba económicamente y lucraba con la explotación laboral de su empleado-víctima, debe ser homologado". Para la magistrada, esto trasciende el castigo y apunta a una justicia restaurativa que ayude a la víctima y haga que el condenado tome conciencia del daño.

En la sentencia, Berros destacó que el expediente tenía un cuadro probatorio contundente, con testimonios de trabajadores y el informe técnico del Programa Nacional de Rescate. "En su plan criminoso estuvo siempre presente ese fin de explotación laboral", escribió, y remarcó que no solo se trataba de empleo no registrado y paga miserable, sino de las condiciones de precariedad y cosificación a las que sometió a la víctima.

El titular de la estancia y otro empleado quedaron fuera de la acusación porque la víctima declaró que solo respondía a las órdenes de Girolami.