Un cura de Santiago frenó por dos meses la nueva ley de imputabilidad: el detalle de su presentación

Un cura de La Banda presentó un recurso contra la baja de imputabilidad a 14 años y logró que la Justicia frene la ley por dos meses. Mientras el debate nacional sigue abierto, la medida alcanza a todos los adolescentes de la provincia.

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Un cura de Santiago frenó por dos meses la nueva ley de imputabilidad: el detalle de su presentación
Un cura de Santiago frenó por dos meses la nueva ley de imputabilidad: el detalle de su presentación

El Padre Pepe volvió a meterse en el centro de la escena judicial: esta vez, el sacerdote logró que la Justicia suspendiera por 60 días la aplicación de la nueva ley penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. La medida, que llega en medio de un debate nacional candente, fue conseguida a través de un hábeas corpus presentado por la organización que él preside.

José María Di Paola, conocido popularmente como el “Padre Pepe” y actual párroco en La Banda, Santiago del Estero, presentó el recurso para cuestionar la entrada en vigencia de la normativa. Según el texto, la Justicia hizo lugar a la presentación y dictó una cautelar que frena temporalmente la implementación de la reforma.

¿Qué implica la suspensión?

La resolución no deroga la ley, pero la deja en pausa por dos meses. Ese tiempo, según se desprende del fallo, servirá para que avance la discusión en el ámbito judicial sobre el régimen de responsabilidad penal juvenil y el tratamiento que reciben los adolescentes en conflicto con la ley penal.

El cura, que construyó su reputación trabajando con jóvenes en situación de vulnerabilidad, busca con esta medida que no se aplique la reducción de la edad de imputabilidad mientras se analiza el tema. La cautelar, en ese sentido, abre un nuevo capítulo en una controversia que divide aguas a nivel nacional.

La noticia llega en un momento de fuerte debate por los cambios en el sistema penal juvenil, con opiniones encontradas entre quienes piden mayor dureza y quienes defienden la necesidad de abordar el problema con políticas de inclusión. Por ahora, la palabra la tiene la Justicia.

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