Un decreto de Milei paralizó los puertos y ya hay 140 barcos varados: el impacto en La Plata

La medida de fuerza que arrancó el sábado mantiene sin actividad a las terminales portuarias de todo el país, incluida la de La Plata. El conflicto estalló tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje, una tarea clave para guiar a los barcos en aguas peligrosas.

Prácticos, pilotos y baqueanos decidieron frenar sus tareas en rechazo a la normativa firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Este último defendió la iniciativa en su cuenta de X con un mensaje contundente: “Desarmamos kioscos en el practicaje”. Además, sostuvo que el objetivo es reducir el llamado “costo argentino” y que el decreto “extiende la exención a los capitanes extranjeros y elimina barreras que reducían la competencia y escalaban los precios”. Cerró su publicación con una frase que encendió la polémica: “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”.

Parálisis total y buques a la deriva

El malestar en el sector no tardó en traducirse en hechos. Desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, el comercio exterior quedó completamente detenido. Las zonas más afectadas son el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones del país.

La situación es tan crítica que hasta un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur permanece varado fuera del muelle, sin poder ingresar. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron desde el sector.

140 barcos esperando y desvíos a Uruguay y Brasil

El Centro de Navegación (CNAV), que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, reportó al menos 140 buques aguardando la confirmación del servicio de practicaje y pilotaje. Una cifra que, según advierten, podría aumentar en las próximas horas.

El impacto ya se siente en los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca, donde varias operaciones programadas fueron redirigidas a Montevideo y a Brasil. Las maniobras en los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz también se complicaron, afectando la distribución de nafta, gasoil y fuel oil a todo el país. En Caleta Córdova, Chubut, la terminal que traslada crudo hacia las refinerías tampoco escapa a la paralización.

Críticas políticas y judiciales

La diputada provincial del Frente Grande, Silvina Nardini, no dudó en calificar la medida: “El Decreto 690/2026 no es modernización, es un nuevo ajuste contra el pueblo”. Para la legisladora, esto implica “más desigualdad, menos derechos, un Estado que se retira”. Además, alertó que bajo el argumento de la “desregulación” se modifica el régimen de practicaje y pilotaje en el Río Paraná, Río de la Plata y la Vía Navegable Troncal, lo que “flexibiliza requisitos”, “limita la intervención del Estado” y afecta “la seguridad de la navegación, el trabajo altamente calificado de profesionales argentinos y la capacidad soberana de controlar una de las principales vías por donde sale la producción nacional”.

Por su parte, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la reforma como “abusiva e inconstitucional” y anunció que recurrirá a la Justicia Federal mediante una acción de amparo. También amenazaron con denunciar penalmente a los funcionarios firmantes, argumentando que la medida pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos.

Mientras tanto, la Prefectura Naval Argentina envió cédulas de “intimación perentoria” a los profesionales para que reanuden la actividad bajo apercibimiento de ley, invocando la condición de servicio público esencial que reviste el practicaje.

Los trabajadores, que prestarían servicios básicos a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno, dejaron en claro que no levantarán la protesta ni negociarán con el Gobierno hasta tanto no suspenda o derogue el decreto de la polémica.