Un decreto municipal desata una guerra judicial y una protesta en Rosario: ¿quién defiende las jubilaciones de los ingenieros?

La Caja de Previsión Social de Ingeniería y los colegios profesionales salieron a la calle y a los tribunales contra el Decreto Municipal 706/2026. La norma elimina un requisito clave para obras y ya generó un fallo judicial que no conforma a nadie.

Este jueves, la plaza 25 de Mayo fue el escenario de una concentración convocada por la Caja y los colegios profesionales. El motivo: el decreto que derogó la obligación de presentar constancia de aportes previsionales al día para obtener permisos de obra y finales de obra en la ciudad.

La medida, impulsada por el Palacio de los Leones, busca agilizar trámites bajo el argumento de la desregulación. Pero los profesionales sostienen que esto desfinancia el sistema jubilatorio de más de 9 mil afiliados.

¿Qué dice exactamente el decreto?

El Decreto 706/2026, de abril último, deroga dos artículos del Decreto 126/2024. Ese artículo exigía una certificación de aportes preliminar al colegio profesional para el permiso de obra, y otra definitiva para el final de obra.

La Municipalidad se ampara en la autonomía municipal que otorga la reforma de la Constitución santafesina. Pero los demandantes argumentan que no puede avanzar sobre una caja jubilatoria, poniendo en riesgo su sustentabilidad y los servicios médicos asociados.

El fallo que no cerró la controversia

La Caja y los colegios presentaron un amparo en la Justicia provincial. El caso recayó en el juez Mauro Raúl Bonato, de la 10ª Nominación en lo Civil y Comercial de Rosario, quien dictaminó que el decreto no genera perjuicios ni viola leyes provinciales.

Sin embargo, los demandantes aclaran que no se trata de un fallo de fondo y que la disputa continúa. El conflicto también tiene un costado político: los profesionales apelan a la Ley Araya (4114/1951), que regula los honorarios de la ingeniería, aunque su texto haya sido parcialmente desregulado.

La postura del Ejecutivo y el apoyo del sector

El Ejecutivo rosarino insiste en que su rol es verificar que haya un profesional habilitado como responsable de la obra, no cobrar aportes jubilatorios. En esa línea, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda apoyan la medida, asegurando que agiliza el sector.

Además, desde el Palacio de los Leones señalaron que un decreto posterior obliga a los profesionales a presentar un certificado habilitante para realizar trámites, lo que permitiría a la Caja saber cuándo asumen un trabajo y cobrarles los aportes correspondientes.

Mientras tanto, la pulseada sigue: en los tribunales y en la calle, la disputa por el futuro previsional de los ingenieros está lejos de terminar.