Un decreto nacional encendió la alarma en Calingasta: los proveedores mineros salieron a pelear por su lugar
Economía · San Juan

Un decreto nacional encendió la alarma en Calingasta: los proveedores mineros salieron a pelear por su lugar

Los proveedores mineros de Calingasta vieron el decreto que redefine quién es proveedor local y no tardaron en reaccionar. Piden que se derogue y proponen un sistema de "anillos" para ordenar quién compite primero. La disputa con la Nación ya tiene dos frentes abiertos.

La Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (CASEMICA) se sumó al rechazo contra el Decreto 1366/2026, la norma con la que la Nación redefinió quién puede ser considerado proveedor local en el marco del RIGI. No es una queja aislada: ya había sido cuestionado por CAPRIMSA, otra entidad que agrupa a empresas proveedoras del sector minero.

El foco del conflicto está en el criterio que fijó el Gobierno nacional. Para los calingastinos, la nueva definición deja afuera algo central: el arraigo territorial de las empresas que están radicadas cerca de los yacimientos.

Qué establece el decreto

La norma se publicó en el Boletín Oficial el lunes 16 de noviembre. Según el texto, podrán ser consideradas proveedoras locales las empresas constituidas y domiciliadas en Argentina, aunque sean de otra nacionalidad, sus accionistas residan en el exterior o el capital sea de composición extranjera.

Para CASEMICA, ese punto es el problema. La entidad sostiene que la definición ignora el arraigo de las pymes que trabajan e invierten en las comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros, y advierte que puede dejarlas en desventaja.

“Ser proveedor local no es tener un domicilio”, disparó la cámara en el comunicado donde rechazó categóricamente la modificación.

La objeción de los “anillos”

Uno de los planteos de fondo de CASEMICA es que la localía debería reconocer distintos niveles de cercanía con los proyectos. Bajo ese criterio, una filial extranjera con una oficina en Buenos Aires quedaría compitiendo en igualdad de condiciones que una empresa sanjuanina, algo que la entidad calificó como incoherente.

La propuesta de la cámara es escalonada: primero, las comunidades de influencia directa de los proyectos, como Calingasta; después, los proveedores sanjuaninos; y al final, las empresas del resto del país.

“La localía tiene anillos: primero, las comunidades de influencia directa de los proyectos, como Calingasta; después, los proveedores sanjuaninos; y luego, las empresas del resto del país”, sostuvo la entidad.

La cámara aclaró que su postura no va contra la inversión ni la competencia. Reconoció que la minería tracciona al resto de la economía, pero advirtió que sin reglas que reconozcan el arraigo, la riqueza que generan las montañas no se traducirá necesariamente en desarrollo para las comunidades.

“No estamos en contra de la inversión ni de la competencia: la minería es la actividad que tracciona al resto de nuestra economía y queremos que crezca. Pero sin reglas que reconozcan el arraigo, la riqueza de nuestras montañas no deja desarrollo donde corresponde”, dice el comunicado.

El texto también recuerda que las pymes locales acompañaron el RIGI desde el inicio, cuando lo vieron como una oportunidad histórica para Calingasta y San Juan. Ahora temen que las empresas que trabajan y reinvierten sus ganancias en la provincia queden relegadas.

El choque con la ley provincial

Otro de los ejes del reclamo apunta a la Ley Provincial 2827 de Desarrollo Local Minero, sancionada el 2 de julio por la Cámara de Diputados de San Juan. CASEMICA recordó que esa norma surgió de un acuerdo entre el Gobierno provincial y las cámaras del sector, y consideró que un decreto nacional no debería pasar por encima del criterio que fijó la Legislatura sanjuanina.

En esa línea, la entidad citó los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, que reconocen las competencias no delegadas por las provincias y el dominio originario de sus recursos naturales. Para CASEMICA, San Juan tiene legitimidad para definir su propia política de desarrollo local minero y para establecer qué significa ser proveedor local.

Los tres pedidos concretos

El pronunciamiento incluyó reclamos hacia dos frentes. Al Gobierno nacional le pidió que deje sin efecto el Decreto 1366/2026. Al Gobierno provincial, que defienda la Ley 2827-M y avance sin más demora con su reglamentación.

Además, convocó a los legisladores y a las cámaras de las distintas provincias mineras a unificar sus reclamos y expresar una posición conjunta. El comunicado lleva las firmas de José Adolfo Ibaceta, presidente de CASEMICA, y Alfredo Amín, secretario de la entidad.

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