Un despliegue policial en pleno remate: ¿qué desató la intervención que paralizó la actividad?

Un operativo de seguridad con al menos cuatro móviles y 25 efectivos ingresó al predio de la Sociedad Rural de Comandante Fontana, en Formosa, durante un remate ganadero, generando una caída del 50% en la oferta de hacienda y denuncias de persecución política. El impacto económico fue inmediato y derivó en acciones judiciales.

Según el senador nacional Francisco Paoltroni, el procedimiento se realizó sin una denuncia previa. Esto derivó en la interdicción de aproximadamente 300 cabezas de ganado.

De las 2200 cabezas previstas para la subasta, finalmente ingresaron solo unas 1100. Esta reducción cercana al 50% de la oferta generó preocupación entre los productores y participantes habituales, para quienes estos remates son una vía central de comercialización.

Acusaciones y consecuencias inmediatas

Paoltroni calificó el operativo como un acto de “persecución política” y lo tildó de arbitrario. Afirmó que la hacienda contaba con la documentación correspondiente y que, tras varios días de controles, no se detectaron irregularidades.

“Fue como un secuestro de la hacienda”, señaló el legislador en declaraciones radiales, cuestionando el accionar de las fuerzas de seguridad. Puso especial foco en las consecuencias para los pequeños y medianos productores, a quienes identificó como los principales perjudicados.

“Se genera miedo y muchos terminan desistiendo de participar”, advirtió, describiendo un escenario donde la incertidumbre afecta directamente la dinámica comercial del sector ganadero.

Trámites judiciales y trasfondo político

Además del impacto en el remate, el episodio derivó en presentaciones judiciales. Según indicó el propio senador, se iniciaron acciones por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, junto con reclamos por daños económicos.

Entre las consecuencias mencionadas se destacan pérdidas de peso en los animales e incluso casos de mortandad. Paoltroni apuntó directamente contra la gestión provincial encabezada por Gildo Insfrán, acusándola de impulsar este tipo de intervenciones.

“Cumplen órdenes, no cumplen la ley”, afirmó, y pidió que la Justicia avance para determinar quién dio las directivas del operativo. El trasfondo del conflicto se da en un contexto de tensión política creciente.

Días atrás, trascendió que la Justicia de primera instancia falló en contra de Paoltroni en una causa por desmonte ilegal en la provincia, rechazando sus planteos de inmunidad parlamentaria y estableciendo una condena económica superior a los $100 millones.

Si bien ambos episodios no están formalmente vinculados, el cruce de denuncias y decisiones judiciales profundiza el clima de confrontación entre el legislador y el gobierno provincial. En ese marco, el sector ganadero local observa con preocupación el impacto que estos conflictos pueden tener sobre la actividad.

Finalmente, Paoltroni planteó la necesidad de establecer reglas más claras en materia de controles sanitarios y administrativos. Sostuvo que la aplicación de criterios dispares por parte de distintos organismos genera incertidumbre y deja margen a interpretaciones que, en situaciones como la ocurrida en Fontana, terminan afectando el normal desarrollo de la actividad ganadera.