Un diputado aliado de Milei y su crédito millonario: la deuda que encendió la polémica

Un diputado nacional alineado con Javier Milei confirmó haber accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación por cientos de millones de pesos, desatando una controversia sobre posibles privilegios políticos. La operación, destinada a la compra de una vivienda familiar, figura entre los montos más altos otorgados a legisladores y funcionarios del oficialismo, en un contexto donde la oposición exige explicaciones públicas.

Mariano Campero, diputado tucumano integrante del grupo de los llamados “radicales con peluca”, reveló que tomó un crédito UVA en mayo de 2025 por $275 millones para adquirir su primera vivienda familiar en Yerba Buena. Según sus declaraciones, debido a la actualización, la deuda actual asciende a $322 millones.

¿Qué dijo el diputado en su defensa?

En su descargo, Campero sostuvo que no recibió ningún privilegio político y afirmó que se trata de una línea a la que puede acceder “cualquier argentino que califique”. Remarcó que la deuda fue contraída para darle “una casa a su familia” y negó cualquier relación del préstamo con discusiones parlamentarias o beneficios por su cercanía al oficialismo.

El legislador explicó que el trámite de un préstamo de este tipo “no se resuelve de un día para otro”, sino que comienza varios meses antes con la presentación de documentación, tasación del inmueble, evaluación crediticia y aprobación bancaria. Con este argumento, buscó desactivar las sospechas sobre una supuesta sincronía entre el otorgamiento del crédito y su posicionamiento político.

¿Quiénes más aparecen en la lista?

La controversia creció porque el nombre de Campero apareció en una lista de dirigentes oficialistas y aliados que accedieron a créditos del Banco Nación. Detrás de él, entre los diputados nacionales libertarios o aliados de Milei mencionados, figuran Santiago Santurio, con un préstamo informado entre $303 millones y $340 millones; Alejandro Bongiovanni, con $255 millones tras su pase desde el PRO al bloque libertario; Lorena Villaverde, con unos $227 millones; María Frías, con un monto equivalente a cerca de US$145.000 al momento de la adjudicación; y Alejandro Carrancio, también con una cifra cercana a los US$145.000.

En el caso de Bongiovanni, el dato político agregó más ruido porque el crédito fue otorgado en enero de 2026, apenas un mes después de haber confirmado su incorporación a La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Este cruce entre alineamiento político y acceso a créditos millonarios es uno de los ejes que alimenta la controversia.

Funcionarios con montos aún más altos

Pero la lista no se agota en los legisladores. En la nómina de funcionarios y dirigentes del oficialismo que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación también aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo; Federico Furiase, hoy secretario de Finanzas; Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “Juan Doe”.

Entre ellos se encuentran algunos de los montos más altos informados hasta ahora. Inchauspe figura con alrededor de $510 millones; Núñez, con cifras publicadas de entre $373 millones y $475 millones según la referencia; Furiase, con $367 millones; Mongilardi, con poco más de $300 millones; y Carreira, con $112 millones. Es decir, no se trata de créditos menores, sino de operaciones de enorme volumen otorgadas por el principal banco público del país.

¿Cuál es el verdadero debate?

La discusión pública no gira solamente sobre si los créditos fueron legales o no, sino sobre quiénes accedieron, en qué contexto político y si existió igualdad real de condiciones para el resto de los argentinos. Ahí está el corazón del escándalo: varios de los beneficiados son funcionarios, legisladores o dirigentes muy cercanos al poder, y los montos en juego son lo suficientemente altos como para encender alarmas.

Desde el Banco Nación, la respuesta oficial fue que no hubo excepciones y que los préstamos fueron otorgados mediante un procedimiento homogéneo, con evaluación de ingresos, scoring y posibilidad de presentar codeudores. Aun así, la oposición ya reclamó que se informe si hubo controles específicos, si existieron conflictos de interés o si hubo algún tipo de trato preferencial hacia personas políticamente expuestas.

En medio de ese escenario, Campero quedó como uno de los nombres más visibles del caso, no solo por el monto del crédito, sino porque representa una figura muy particular del nuevo tablero político: un diputado que se alineó con Milei, se volvió funcional al oficialismo en el Congreso y ahora aparece como uno de los beneficiados por un préstamo hipotecario millonario del banco estatal. Para el mileísmo y sus aliados, se trata de un crédito más dentro del sistema. Para la oposición, en cambio, es una historia que huele demasiado a privilegio de poder.