Un diputado nacional, acorralado por nuevas acusaciones: la Justicia amplió la investigación y sumó más delitos

La causa contra Atilio Basualdo dio un giro inesperado. Lo que comenzó como una denuncia por una compraventa irregular de un campo en Formosa ahora incluye al menos nueve delitos más. El legislador libertario fue citado nuevamente a declarar, y el testimonio de uno de los hermanos damnificados dejó al descubierto una trama que, según el abogado querellante, tiene dos caras: la de una familia que perdió sus tierras y la de una empresaria que pagó mucho más de lo que ellos recibieron.

Mario Ceferino Paz es uno de los tres hermanos que denunciaron al diputado nacional de La Libertad Avanza. La investigación, que tramita en el Juzgado de Instrucción y Correccional 4 de Formosa, se amplió tras los testimonios y nuevas pruebas. Basualdo, ex intendente de Las Lomitas, ahora es investigado por presunto tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, falsedad ideológica y uso de documento falso, defraudación mediante abuso de firma en blanco, coacción, fraude contra la administración pública y estafa.

¿Cómo fue la maniobra denunciada?

Según el abogado Adrián Rodas, patrocinante de Paz, Basualdo se habría aprovechado de su cargo de jefe comunal para engañar a la familia. “Les dijo que el campo que tenían desde 1960 estaba en una zona inundable y que perdería valor”, explicó el letrado. La supuesta solución que les ofreció era transferirle las tierras a él a cambio de dinero y un campo en una zona no inundable.

Pero la realidad fue otra: la familia Paz recibió apenas un adelanto de unos tres millones de pesos por cabeza y nunca vio el campo prometido. En cambio, Basualdo habría ofrecido el mismo campo a la empresaria rosarina Paula Inés Paganti, quien afirmó haberle pagado 40.000 dólares por la operación. “La diferencia entre lo que pagó Paganti y lo que recibieron mis representados es enorme”, enfatizó Rodas.

¿Qué dice la ley provincial?

El abogado también puso el foco en la Ley 113 de Formosa, que en su artículo 87 exige el consentimiento del Instituto Provincial de Tierras Fiscales para cualquier transferencia de tierras fiscales. “Eso fue omitido”, aseguró Rodas, y agregó que Basualdo no puede alegar desconocimiento porque la norma aplica en toda la provincia.

Además, confirmó que el legislador fue citado a declaración indagatoria para el 24 de agosto, en el marco de la ampliación de la instrucción.

“Nos sentimos engañados”

En diálogo con AGENFOR, Paz relató: “Basualdo era intendente y me dijo que mi campo se iba a inundar porque iba a formar parte de una gran represa. Por eso decidimos entregárselo”. Son 4.500 hectáreas en total, 1.500 por cada hermano, y según Paz, esas tierras hoy no se inundan. “Nos sentimos engañados y esperamos que se haga justicia”, cerró.