Un diputado neuquino presentó un proyecto que obligaría a cada escuela de la provincia a tener un desfibrilador. La clave está en las que hoy quedan afuera de la norma nacional y en quién se hace cargo del costo.
El diputado Darío Peralta (UxP) presentó un proyecto de ley para prevenir la muerte súbita de origen cardiovascular en las escuelas neuquinas. La iniciativa obliga a instalar al menos un desfibrilador externo automático (DEA) en cada establecimiento educativo de gestión estatal y privada, con un plazo de dos años para cumplirlo.
El texto declara "espacios cardio asistidos" a todas las instituciones escolares, de todos los niveles y modalidades, y se apoya en la ley nacional 27.159 y la ley provincial 3071. La norma federal vigente exige estos equipos en lugares donde pasan más de 1.000 personas por día.
Con esa base, el legislador apunta a cubrir el hueco: los colegios con menor matrícula y las escuelas rurales hoy quedan fuera de la obligación, pese a los riesgos que implican las actividades físicas o la distancia hasta los servicios médicos de emergencia.
Quién pone los equipos y quién paga
Según el articulado, el Consejo Provincial de Educación (CPE) será la autoridad de aplicación, en coordinación con los ministerios de Educación y de Salud. En las escuelas públicas, el CPE se hará cargo de la provisión, el mantenimiento de los equipos y la formación del personal. En los colegios privados, la responsabilidad y los costos recaerán sobre la entidad propietaria, siempre bajo fiscalización del consejo.
El proyecto también contempla una protección para quienes actúen en una emergencia: el personal escolar que intervenga quedará exento de responsabilidad civil, penal o administrativa, conforme al marco legal nacional.
Los números que sostienen la propuesta
Entre los fundamentos, Peralta cita estadísticas de la Fundación Cardiológica Argentina: cerca de 40.000 muertes súbitas por año en el país, de las cuales el 70% ocurre fuera de los hospitales. A eso suma datos del Consejo Europeo de Resucitación: aplicar la desfibrilación dentro de los primeros tres a cinco minutos eleva la supervivencia a entre el 50% y el 70%, siempre que el dispositivo esté disponible de inmediato en el lugar.
El texto toma como modelo la ley provincial 3580, sancionada en octubre de 2026, que hizo obligatoria la instalación de detectores de monóxido de carbono en las aulas neuquinas. Igual que en ese antecedente, se fija un plazo de 180 días para la reglamentación y para crear un protocolo específico de actuación ante paros cardiorrespiratorios.
Quiénes acompañan la iniciativa
El proyecto de ley (18782) ingresó por Mesa de Entradas el 2 de noviembre de 2026. Lleva además las firmas de Lorena Parrilli (UxP); Cecilia Papa y Federico Méndez (Democracia Neuquén); Brenda Buchiniz (Cumplir) y César Gass (JxC-UCR).
El antecedente de los DEA en comisarías
A principio de año, el ministerio de Seguridad de la Provincia y la cooperativa CALF firmaron un convenio de comodato y cooperación para incorporar desfibriladores externos automáticos en comisarías y destacamentos policiales de la ciudad de Neuquén.
El acuerdo lo suscribieron el presidente de CALF, Aldo Marcelo Severini, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. El objetivo: ampliar la cobertura territorial y el acceso comunitario a equipamiento sanitario vital ante emergencias cardíacas.
Por ese convenio, CALF entregará en comodato gratuito 18 desfibriladores BeneHeart C1 A Full Automático, de la marca Mindray, con sus respectivos gabinetes. Se instalarán en dependencias policiales ubicadas estratégicamente, priorizando puntos que cubran un radio aproximado de un kilómetro y mejoren la accesibilidad para la comunidad.
Las ubicaciones definitivas se acordarán entre ambas instituciones, con una planificación que optimice el uso y el alcance de los equipos y refuerce el rol preventivo y de asistencia de las fuerzas de seguridad.
