Un diputado rosarino quiere blindar la ciudadanía argentina: "No está en venta"
Un diputado rosarino salió a frenar el plan oficial que permite comprar la ciudadanía argentina: los montos que se barajan y quiénes podrían acceder sin cumplir el requisito de residencia. La pulsea recién empieza.
El diputado nacional rosarino Agustín Rossi, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para prohibir que la ciudadanía argentina se obtenga a cambio de dinero, inversiones o compra de títulos públicos. La movida llegó un día después de que el Gobierno nacional diera a conocer los detalles del programa de "ciudadanía por inversión".
La iniciativa lleva también la firma de la diputada nacional Kelly Olmos y busca derogar el régimen incorporado a la Ley de Ciudadanía N° 346 a través del DNU 366/2025. El texto establece que ninguna contraprestación económica podrá reemplazar el requisito de residencia para acceder a la nacionalidad argentina.
"La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley. Ser argentino es pertenecer a una comunidad social, cultural y política, no adquirir un producto. La ciudadanía es un vínculo, no un servicio", sostuvo Rossi en los fundamentos del proyecto.
Qué anunció el Gobierno
El ministro de Economía, Luis Caputo, había presentado durante la Argentina Week de París el mecanismo para acceder a la ciudadanía mediante una inversión económica. Según el esquema oficial, los interesados podrán optar entre un aporte directo y no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o suscribir un título público por 800 mil dólares creado específicamente para el programa.
Los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y el mecanismo comenzaría a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. Uno de los cambios centrales respecto del régimen tradicional es que quienes accedan por esta vía no estarán obligados a acreditar previamente dos años de residencia en el país.
Caputo defendió la iniciativa como parte del proceso de apertura económica: "La iniciativa se enmarca en el proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales".
Cuánto pagarían cónyuges e hijos
El programa también contempla extender la solicitud al grupo familiar del inversor principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años —siempre que sean solteros y no tengan hijos— podrán tramitar la ciudadanía con un aporte adicional de 100 mil dólares al Tesoro Nacional. Para los menores de 18 años, el monto previsto es de 25 mil dólares.
La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior. El Gobierno sostuvo que el programa contará con estándares de diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con recomendaciones de la OCDE y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Qué propone el proyecto de Rossi
La iniciativa busca eliminar la causal de "inversión relevante" incorporada por el DNU 366/2025 y dejar establecido por ley que ningún pago, inversión o compra de activos podrá reemplazar la residencia necesaria para naturalizarse. "La ciudadanía no puede tener un precio", planteó el diputado.
El texto también propone disolver la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y dejar sin efecto tanto las solicitudes en trámite como las ciudadanías ya otorgadas bajo ese mecanismo. Además, busca prohibir que el Estado emita títulos de deuda pública que concedan a sus compradores el derecho a solicitar la ciudadanía argentina o beneficios migratorios, e impide que organismos estatales contraten o se asocien con empresas y consultoras privadas para promocionar o gestionar estos programas a cambio de contraprestaciones económicas.
El cuestionamiento constitucional al DNU
Entre los fundamentos aparece una objeción de fondo: Rossi sostiene que la Constitución Nacional atribuye al Congreso la facultad de legislar sobre naturalización y nacionalidad, por lo que cuestiona que una modificación de esas características se haya introducido mediante un decreto de necesidad y urgencia. El proyecto menciona pronunciamientos judiciales que declararon inválidas disposiciones del DNU 366/2025.
"El Congreso tiene la competencia exclusiva sobre la naturalización. Es su responsabilidad decir con claridad que la ciudadanía argentina no está en venta", señaló Rossi.
El vínculo con la compra de tierras
Otro de los ejes del planteo es la extranjerización de tierras. Rossi advirtió que quien obtenga la nacionalidad mediante un aporte económico podría dejar de quedar alcanzado por las restricciones previstas para extranjeros que buscan comprar campos en el país, en particular en zonas de frontera.
"Una ciudadanía comprada se convierte en un atajo para eludir las restricciones y los límites que tienen los extranjeros para comprar tierras argentinas", sostuvo.
El proyecto también plantea posibles efectos internacionales de los programas de ciudadanía por inversión, entre ellos mayores controles migratorios y financieros y eventuales consecuencias sobre el valor y el reconocimiento del pasaporte argentino.
"La Argentina necesita inversiones, pero inversiones que se queden, generen empleo y paguen impuestos", concluyó Rossi al fundamentar la iniciativa.
Nunca en mi vida pensé tener que hacer un proyecto de ley para prohibir que vendan la ciudadanía argentina. Milei lo hizo, a pedido de los “popes de la industria tecnológica”.
— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) October 2, 2026
Por eso presentamos un proyecto para derogar esta iniciativa y prohibir que la ciudadanía argentina… pic.twitter.com/qxf1lEEQ04
